El Parlamento fijará cada año el sueldo máximo de los alcaldes y concejales

El Parlamento fijará cada año, a través de los Presupuestos del Estado, el baremo al que deberán ajustarse los sueldos máximos de alcaldes, concejales, presidentes de diputación o directivos de mancomunidades.

La ley de Transparencia y Buen Gobierno, cuyo anteproyecto conoció ayer el Consejo de Ministros, modificará la norma de régimen local y obligará a todas las corporaciones a cumplir con el baremo anual del Presupuesto, que se calculará en base a criterios como el tipo de entidad -ayuntamiento, diputación, consorcio-, su población y tamaño, el estado de sus cuentas, u otras características como si es o no capital.

La reforma, enmarcada en las medidas de austeridad en el gasto, pretende acabar en un momento de crisis y ahogo financiero con la barra libre de los sueldos de muchos alcaldes, algunos de los cuales, como los de Barcelona, Bilbao, Madrid o Zaragoza, ganan bastante más de 20.000 euros más que el presidente del Gobierno. La medida importará poco a los casi 5.000 pequeños consistorios, el 60%, cuyos responsables no cobran ni un euro por su labor.

La modificación no afecta a las comunidades autónomas. Si la ley queda aprobada antes de final de año, como persigue el Ejecutivo, los primeros límites salariales se aplicarían en 2013.

La limitación de los sueldos en los entes locales es solo una de las piezas de una ambiciosa ley que el Gobierno quiere enviar al Congreso antes de julio, para su aprobación en otoño.

La norma establecerá la transparencia y el acceso de todos los ciudadanos a la información sobre la gestión de las administraciones como una obligación y también impondrá a todos los altos cargos públicos unas exigencias éticas de buen gobierno y una duras sanciones para quien las incumpla.

Estas exigencias deberán ser respetadas por el Estado, autonomías y entes locales, pero también por empresas, fundaciones y organismos públicos, y por altas instituciones como las Cortes, el Poder Judicial, los tribunales Constitucional y de Cuentas, los consejos de Estado y Económico y Social, y el Defensor del Pueblo. Sin embargo, el estriptease de salarios, gestión presupuestaria, expedientes de incompatibilidades y hasta el último detalle sobre contratos, conciertos o subvenciones que cierren o concedan excluye a la Casa Real, por considerar que no puede ser considerada parte de las administraciones públicas.

El momento en el que los ciudadanos tendrán acceso libre a este banquete de datos aún se desconoce porque, aunque la ley se apruebe este año, el Gobierno reconoce que tendrán que pasar meses sin que se aplique en su integridad, ya que precisará de reglamentos que la desarrollen y habrá que dar un margen a ministerios, comunidades y ayuntamientos para que creen los instrumentos precisos.

El mecanismo estatal será una página web, 'El portal de la transparencia', donde todos los departamentos y empresas deberán descargar y actualizar para el acceso libre los contenidos citados. Además del contenido general, el ciudadano podrá solicitar datos de las administración que no localiza en la web y tendrá derecho a ser contestado en el plazo de un mes. O con los datos que pida con una negativa argumentada. Si recibe un 'no' podrá recurrir ante la Agencia de la Transparencia o ante los tribunales.

Los límites al acceso libre a los datos públicos se fijarán por ley y tendrán que ver con los intereses de seguridad nacional, de la defensa o ciudadana, con la garantía de las investigaciones penales o administrativas en curso, o con la protección de datos personales.

«España va en serio»

El capítulo que más ha dado que hablar del anteproyecto de ley es el de Buen Gobierno. Endurece las sanciones administrativas para los altos cargos que incurran en conflictos de intereses o hagan una mala gestión del dinero público. De hecho, la idea es que la redacción final tipifique incluso como delito la falsificación u ocultación deliberadas de datos en las cuentas por el responsable de la administración de los recursos. Deberá sentarse en el banquillo y se enfrentará a diez años de inhabilitación y a una multa. No hay penas de prisión, pero quien no satisfaga las multas pagará con cárcel.

El objetivo de la norma, según reconoció la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, es doble. Por un lado, «devolver la confianza y el prestigio en los gestores públicos». Por otro, enviar un claro mensaje a los socios de la UE y a los mercados financieros: «España va en serio». El Gobierno está decidido a cumplir con sus compromisos de control del déficit y de la deuda y, para asegurarse de ello, no solo va a elaborar una rígida ley de Estabilidad, que marcará los límites de gasto a Estado, comunidades y ayuntamientos, sino que además exigirá responsabilidades personales y sancionará con dureza a los altos cargos que no cumplan.

No por casualidad, las infracciones más graves son la gestión presupuestaria deficiente, los gastos sin crédito, las subvenciones injustificadas, el incumplimiento deliberado del nivel de deuda o déficit, y la no formulación o incumplimiento de los planes de reequilibrio.

Estas irregularidades, según su gravedad, costarán el cese al infractor, la pérdida de pensiones, la restitución de cantidades indebidas, altas indemnizaciones, o el veto para ocupar determinados cargos de cinco a diez años.