El Gobierno garantiza el 29-M el derecho a la huelga y a trabajar

El Gobierno trata de equilibrar su postura de cara a la huelga general del próximo 29 de marzo contra la reforma laboral, pese a haber dejado claro en varias ocasiones su opinión de que la convocatoria puede ser dañina para la economía española. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el Ejecutivo tratará ese día de facilitar «el equilibrio entre el derecho de huelga y el derecho a trabajar», una vez que están fijados los servicios mínimos.

La número dos del Ejecutivo rechazó valorar desde la mesa de portavoz del Consejo de Ministros el impacto que la celebración de la protesta puede tener sobre la imagen de España en momentos tan delicados. Tendrán que ser los sindicatos convocantes, explicó, quienes valoren «en qué medida estas huelgas contribuyen a arreglar la situación del país». El Gobierno, insistió, intentará contribuir al «equilibrio» entre los derechos a trabajar y a no hacerlo el día de la convocatoria.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, se reunió con los sindicatos CC OO y UGT para pactar los servicios mínimos en el transporte dependiente de la administración del Estado. La negociación, que en principio parecía fácil tras el acuerdo alcanzado en la Comunidad de Madrid -el mayor escollo en convocatorias anteriores-, se estancó por la mañana en torno al concepto mismo de «servicios mínimos» y por la tarde a causa de diferencias respecto de la frecuencia de los servicios ferroviarios de cercanías.

Al cierre de esta edición, los sindicatos denunciaron que la propuesta de Fomento incluía una cobertura «muy superior» a la sugerida por las centrales (30% de servicios en las horas punta y 25% el resto del día), idéntica a la pactada con el PSOE para la huelga de 2010. Los líderes de CC OO y UGT acusaron al Gobierno de «jugar con los servicios mínimos» para «impedir» el ejercicio del derecho a huelga.