«Si se enchufa, que salga el nombre y los apellidos»

No tiene nada que ver con la contratación del marido de Soraya Sáenz de Santamaría, pero el mismo día en que surgió la controversia Mariano Rajoy declaró: «Si se enchufa, que salga el nombre y apellidos y se explique cuáles son las razones por las que se contrata, si ha habido concurso público, o simplemente porque se le ha ocurrido al señor de turno». Se trata, en realidad, de un comentario con el que el presidente del Gobierno quiso explicar alguno de los aspectos más relevantes de la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, cuyo anteproyecto aprobará hoy el Consejo de Ministros.

Rajoy, que cerró campaña en Asturias, aseveró que con la nueva norma se pretende gobernar mejor y, además, que «la gente sepa en qué se gasta su dinero». Y lo podrán hacer con toda comunidad, mediante internet. A partir de ahora, aseguró, los cargos públicos serán más austeros y respetarán «como nunca el dinero de los ciudadanos». El presidente del Gobierno, durante su encuentro con militantes del PP, recalcó que las administraciones central, autonómica y local estarán obligadas a publicar desde las subvenciones que conceda a lo que ingresa. También los impuestos que pagan los contribuyentes y los sueldos de los dirigentes.

Sanciones

La nueva regulación impondrá sanciones a los políticos que oculten facturas, incumplan el límite de déficit público o no aporten la documentación requerida por los tribunales o los órganos de fiscalización contable.

Pero irá más allá porque incurrirán en delito los cargos que despilfarren el dinero público. Para ello, la ley incorporará una disposición adicional que modificará el Código Penal para tipificar como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos. En concreto, se castigará, según fuentes del Gobierno, con una pena que podría alcanzar los seis años de inhabilitación a los cargos que sobrepasen el presupuesto aprobado.