«Jerez les importa un pimiento, nada más les importa el poder»

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Francisco Lebrero, ha calificado de “instrumento valido” los préstamos ICO que se han aprobado para que los proveedores puedan cobrar las deudas pendientes del Ayuntamiento, si bien ha matizado que también se pone de manifiesto las similitudes que tiene esta medida con el préstamo sindicado o las tomas de razón aprobadas por el anterior gobierno socialista, ya que “ el hecho de que las deudas la soporten los bancos y no los proveedores es la correcta”. Lebrero incidió en que el Plan ICO “pone sobre la mesa de forma manifiesta que lo que el PSOE aplicó para resolver las deudas del Ayuntamiento en legislaturas anteriores es la correcta” y criticó el “cinismo del PP por satanizar y criminalizar al PSOE”. El portavoz socialista abundó en que las deudas incluidas en el listado de facturas que se van acoger a esta línea de créditos tienen su origen desde el año 1990 y, por lo tanto, también incluye facturas pendientes de los años 2003 y 2004, “por lo que no es verdad que sólo incluya deudas del Gobierno socialista”.

El portavoz socialista explicó que este instrumento puede ser valido “si se hace bien y participativo”, aunque matizó que “los requisitos que se exige son socialmente insensibles y sanguinarios”, ya que se plantea despidos de la plantilla, entre otras medidas “muy duras”, en referencia al Plan de Ajuste que el Gobierno municipal tiene que presentar para acogerse a la línea de créditos. Recordó que el ministro Montoro ha dicho de forma reiterada que “los trabajadores públicos, a la calle y que los ayuntamientos tienen que decir cuántos van a echar porque no son agencias de colación” y acusó al PP de “llevar diez meses sembrando la discordia en la plantilla”. Ironizó en que “después del primer Plan Ajuste del PP; llega el segundo de Montoro y, después el del ministro De Guindos”.

Lebrero emplazó al Gobierno del PP a que aclare “cómo va a reestructurar a la plantilla, qué impuestos van a subir, cuánto van a subir y cuándo se va a aplicar, porque hay que garantizar con los impuestos el pago de los préstamos que den los bancos que son prioritarios sobre cualquier otro, sin renunciar al pago de las deudas con las Administraciones públicas y otras entidades bancarias”. También se refirió a los cambios que se requieren en la Corporación Municipal y “cuestionó qué cambios se van a producir, si es la RPT que lleva hecha meses y no se va a presentar hasta mayo”. Por ello, emplazó al Gobierno a presente ya el Plan de Ajuste “antes de esperar a que se celebre las elecciones del 25-M”. Cuestionó, además, si los cambios que se prevén en la Corporación Municipal “van a suponer también eliminar el carácter vinculante y ejecutivo a los acuerdos de Pleno”, al tiempo que recordó que hace varios meses se aprobó la municipalización del servicio de Limasa y “a día de hoy el Gobierno municipal se sigue cachondeando de ese acuerdo de Pleno y, además, tiene la desfachatez y el cinismo político de decir que va a adjudicar este servicio a otra concesionaria, cuando lo que tiene que hacer es cumplir ese acuerdo plenario, que es de obligado cumplimiento. “El colmo de la desfachatez política -añadió- es que ante el caos que están montando en los colegios, el PP le eche la culpa a la Junta de Andalucía. No hay escrúpulos, Jerez les importa un pimiento, nada más le importa el poder y que el poder lo tenga el PP”.

Lebrero desmontó también la cifra de mil millones que el Gobierno del PP achaca a la deuda del Ayuntamiento y aclaró que la deuda de los acreedores no supera los 400 millones y la de las administraciones 120 millones de euros, con lo que la cifra total está en torno a los 600-700 millones.

El portavoz socialista volvió a reiterar en qué va a hacer el PP con el Plan de Ajuste y criticó porqué tiene que pagar las consecuencias la plantilla municipal y añadió que “todo se hace en aras de tener la coartada tras el 25-M para aplicar la medicina Rajoy, el jarabe Montoro y el purgante PP, porque los efectos secundarios de esa medida ni importan ni interesan”. También incidió en que los préstamos ICO “serán buenos, pero no baratos” y aseguró que “las famosas tomas de razón, que pesaban como una losa sobre este Ayuntamiento, tenían condiciones de pago más interesantes y bondadosas que las condiciones que establecen ahora. El ICO obliga a pagar en ocho años, mientras que los préstamos sindicados tenían un periodo de 20 años y no había que tocar la plantilla municipal”. También pidió que se aclare que bonificaciones de los impuestos y tasas municipales van a desaparecer, teniendo en cuenta que perjudican a las economías más desfavorecidas. “Está claro que el PP vuelve aplicar las mismas medidas; la insensibilidad social y ya sabemos que para el PP los problemas de esta ciudad pueden esperar, porque sólo están esperando que pasen las elecciones a un horizonte sin compromiso para aplicar todas las medidas de la baraja, que no son otras que la insensibilidad social, fractura social, privatización de lo público, socialización de las pérdidas y, mientras tanto, imagino que van a encontrar la varita mágica para la solución de los problemas”.

Denuncia por el nombramiento de un consejero de Ememsa

Por otro lado, el portavoz socialista anunció que el Juzgado de lo Mercantil ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por el Grupo Socialista tras el nombramiento de un consejero delegado en el consejo de la sociedad que gestiona los Montes de Propios (Ememsa), sin reunir los requisitos exigidos por ley y otorgando unos poderes que la sociedad mercantil dice que son puntuales y excepcionales.

La denuncia se basa en que para la designación de los nuevos consejeros era necesario dos tercios de apoyo del consejo de administración y se dio la circunstancia de que como no se contaba con el quórum necesario, el PP recurrió a un fraude de ley utilizando la figura del poder que sólo se puede otorgar para causas muy específicas y, sin embargo, otorga amplios poderes que equivalen a la figura de un gerente o consejero delegado otorgando el poder a la presidenta del consejo, con lo que cual se vulnera la ley que exige una mayoría cualificada. Lebrero apuntó que esta denuncia es “un ejemplo más de las políticas torticeras y de la escasa transparencia con la que actúa el PP”.