Gallardón: «No se puede volver a juzgar unos hechos ya valorados»
El ministro de Justicia muestra su apoyo a la decisión del fiscal general del Estado de investigar nuevos restos de uno de los vagones del tren del atentado del 11-M
MADRIDActualizado:El ministro de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón, ha señalado que "no se puede volver a juzgar unos hechos que ya fueron valorados por un tribunal" en alusión al 11-M. Así lo ha expresado Ruiz-Gallardón en una entrevista en Antena 3 al ser preguntado por la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de investigar los restos de uno de los vagones del tren que estalló el 11 de marzo de 2004 en la estación de Santa Eugenia y que estaba custodiado en un cobertizo de la empresa Tafesa de Villaverde. "Los hechos que en su momento fueron juzgados no volverán nunca más a ser valorados", ha asegurado el titular de Justicia, pero sí aquellos datos que han aparecido "nuevos". "Eso es lo que ha hecho Torres-Dulce", ha zanjado.
De esta manera, Ruiz-Gallardón ha mostrado su total apoyo a Torres-Dulce después de que pidiera al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, la elaboración de un informe sobre dichos restos ya que, a su juicio, ha aplicado la doctrina del Tribunal Supremo (TS). Gallardón ha recordado que el Gobierno respeta la "autonomía" del funcionamiento del Ministerio Fiscal aunque ha asegurado que apoya "completamente" a Torres-Dulce si cree que existe algún "nuevo elemento" que deber ser investigado.
El Fiscal General del Estado ha solicitado un compendio de la documentación referente a los vagones recabada a lo largo de la instrucción y que consta en los distintos sumarios abiertos a raíz del 11-M, ya sea referente al destino de los restos -su conservación o desguace- o a la cadena de custodia a la que se sometió a los mismos. Además, e informe deberá incluir las referencias a los trenes reflejadas en las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo dictadas tras los atentados.
Ruiz- Gallardón ha subrayado asimismo que, desde que fue nombrado por el Rey a propuesta del Ejecutivo, el fiscal general del Estado "funciona, como dice la Constitución y el Estatuto del Ministerio Fiscal, con absoluta autonomía, siempre en interés de la ley y jamás siguiendo instrucciones políticas del Gobierno".