Poder arbitrario

La Sección Primera de la Audiencia de Palma de Mallorca ha condenado al expresidente balear Jaume Matas y a la persona que redactaba sus discursos, Antonio Alemany, a las penas de seis años y de tres años y nueve meses de prisión respectivamente por delitos de fraude a la Administración, falsedad continuada de documentos oficiales y mercantiles, prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Ni la cuantía del dinero malversado, ni la magnitud de la trama urdida, ni el cometido de la misma resultan más escandalosos que otros casos de corrupción, algunos de los cuales afectan al propio Matas. Pero el tribunal de Palma no duda en catalogarlos como «ejercicio arbitrario del poder», a lo que cabe añadir que el asunto representa un ejemplo más de la soberbia con la que llega a ejercerse la responsabilidad pública, sin miramientos hacia la legalidad que rige los actos de la Administración. Un presidente autonómico, Jaume Matas, deposita su confianza en cuanto a la elaboración de sus mensajes institucionales en una persona, Antonio Alemany, que para cumplir con dicho cometido exige simultanearlo con otras actividades y facturarlo a un alto precio. Es lo que desencadena, entre 2003 y 2007, una sucesión de facturas que no se corresponden a la tarea realizada, el amaño de un concurso público que, además, fue incumplido en sus especificaciones, un contrato menor también incumplido y la concesión de una subvención ventajosa. Independientemente de lo que el Tribunal Supremo establezca ante los recursos de los dos principales condenados en el caso, la Audiencia de Palma ha dictado una resolución de calado por cuanto distingue las irregularidades que eventualmente puedan darse en torno a la administración de los medios públicos de aquellas actuaciones que supongan un «ataque consciente y grave» –penal– a los intereses generales. El hecho de que el Tribunal haya subrayado la «futilidad» de los argumentos de los encausados como factores que contribuyen a dar cuenta de su «dolo directo» constituye una seria advertencia para cuantos responsables públicos se sientan tentados a un ejercicio arbitrario de su poder en la creencia fabulada de que siempre podrán justificar el retorcimiento de las normas administrativas.