Piden suspender las facultades de Ángel de Cabo en Zoilo Ruiz-Mateos

La administración concursal ha solicitado a la jueza de lo Mercantil de Cádiz, Nuria Orellana, la suspensión de facultades que ostentaban aún Back in Business, Mundelca, Zandia Hispania y Gebersa Inversiones, sociedades controladas por Ángel de Cabo, en las bodegas Zoilo Ruiz-Mateos (las antiguas Sandeman), según informó ayer en un comunicado Dictvm Abogados.

Uno de los motivos de esta petición es la presentación de un plan de viabilidad que incluye medidas «drásticas», como el despido del 50% de la plantilla y un cambio de estructuración de las funciones de las empresas afectadas que «esconde la intención de realizar una liquidación de los activos en los que los gestores tienen interés real».

«Dicho plan de viabilidad supone en realidad una previsión de venta de los activos, lo que confirmaría el fin liquidatorio que persigue la nueva propiedad, intuyéndose del mismo un interés real y último respecto a la unidad productiva que pudiera crearse», señala el escrito presentado ante la magistrada de lo Mercantil.

La administración concursal indica también que existe «incertidumbre respecto a la efectiva tutela de los intereses de los acreedores» a causa de las sucesivas transmisiones de participaciones.

En este sentido, pone como ejemplo un auto del pasado 15 de febrero que «expone la idea de la existencia de un pacto privado entre José María Ruiz-Mateos y Ángel de Cabo», con el reparto de beneficios netos que se pudiera obtener de la liquidación de las empresas del grupo, correspondiente un 80% a la familia Ruiz-Mateos y un 20% al empresario valenciano, quien no tendría ninguna intención, según el auto, de asumir deudas con sus inversores.

Asimismo, dicho pacto contemplaría el pago de un salario mensual a favor de José María Ruiz-Mateos y de sus hijos varones, hasta que finalicen las operaciones judiciales, civiles y procesales, laborales o administrativas que afecten a las empresas adquiridas por Ángel de Cabo.

El escrito señala que la administración concursal también ha recibido diversas quejas de los comités y de los trabajadores a título individual sobre la gestión de la empresa en el transcurso del concurso por parte de los actuales propietarios de las participaciones de la deudora y, en concreto, en lo que respecta a la tramitación del ERE.

Con esta petición, la administración concursal pretende «desatascar» el punto muerto en que se encuentran las negociaciones del ERE, que «pueden llegar a obstaculizar la empresa, así como controlar la toma de decisiones de administración y gestión de la concursada en un escenario inevitablemente de liquidación, con el fin de llevar a buen término el proceso concursal, el beneficio de los acreedores y evitar perjudicar a la masa».

Esperando las consultas

Desde la Federación Agroalimentaria de CC OO en Cádiz su secretario general, Luis Páez, también recalcó ayer que los representantes de los trabajadores de las cuatro bodegas de Nueva Rumasa de la zona en concurso de acreedores (además de la mencionada Zoilo Ruiz-Mateos están Garvey, Valdivia y Teresa Rivero) siguen sin tener noticias de cuándo se abrirá el periodo de consultas para negociar los cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que plantean los nuevos propietarios.

Según Páez, la jueza le requirió a Back in Business que aportara -y así lo hizo- documentación respecto al criterio de selección de los despidos, la categoría de los trabajadores y su antigüedad en la empresa, entre otros, y ahora solo falta que la magistrada comunique a los administradores que se abren las consultas para negociar este proceso.