El Gobierno se deshace de 80 empresas públicas en busca de un ahorro dudoso

Reducir el número de empresas y fundaciones para ahorrar es el objetivo del plan de reestructuración del sector público empresarial que ayer aprobó el Consejo de Ministros. El programa prevé la supresión, desinversión o agilización de liquidación de ochenta sociedades mercantiles de titularidad estatal, de un total de 228 existentes. Su eficacia en términos de ahorro es dudosa, pues muchas de las empresas a disolver hace décadas que no tienen ninguna actividad y apenas generan gastos.

La vicepresidenta del Gobierno solo aportó un dato al ser preguntada en reiteradas ocasiones por el ahorro total que generará esta iniciativa. Permitirá, señaló, la supresión de 154 miembros de los consejos de de administración, lo que supondrá economizar 1.083.900 euros anuales en dietas. «Vamos a aligerar sobre todo el personal directivo y administrador», subrayó Soraya Sáenz de Santamaría, que rechazó ir más allá y aclarar el ahorro total derivado de este plan.

Faltan por concretar aspectos como el ahorro en los sueldos base que cobran esos consejeros o las partidas a salvar en aspectos como sedes u operaciones. «Se está haciendo la cuenta, el dato global aún no se puede dar», señalaron fuentes del Ministerio de Hacienda.

La número dos del Ejecutivo destacó que en el listado de sociedades afectadas hay algunas que carecen de personal, pero disponen de un administrador. Otras son filiales que cuentan con plantillas mínimas (de cuatro personas, por ejemplo) y con un consejo de administración más numeroso. Sáenz de Santamaría quiso tranquilizar a los trabajadores de estas últimas compañías y prometió que no irán al paro. «Lógicamente, se integrarán en la (empresa) matriz», afirmó.

El núcleo del plan diseñado por el Gobierno es el cierre de veinticuatro empresas estatales, el 17% del total. Entre las compañías a disolver destacan las gaditanas Acuasur, Inmobiliaria de la Zona Franca y Parque Comercial Las Salinas. Siete años después, el Ministerio de Fomento estima en 43 millones sus pérdidas acumuladas. Los márgenes obtenidos con su actividad no cubrían los gastos de personal y explotación.

Venta de Loterías

El mismo destino aguarda a compañías como Ingeniería y Servicios Aeroespaciales (INSA), dependiente del Ministerio de Defensa. También se extingue la Sociedad Estatal para la Venta de Loterías, creada en 2011 por el anterior Ejecutivo socialista para gestionar la privatización de parte de Loterías y Apuestas del Estado. Asimismo, el Ministerio de Economía se desprende de la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores, 'Invest in Spain'.

En el listado de empresas llamadas a desaparecer figuran históricas como AEC (Altos Hornos Ensidesa Capital). Asimismo, el plan prevé la desinversión (mediante venta) de otras ocho empresas, entre ellas Olimpic Moll, Colonización y Transformación Agraria (Cytasa), ambas propiedad de la SEPI, y Portel Servicios Telemáticos (dependiente de Fomento). En este caso también es dudoso que el Gobierno consiga algún beneficio mediante su venta.

El plan prevé también la agilización de la liquidación de 13 sociedades, entre ellas Barcelona Holding Olímpico, Izar y la sociedad V Centenario, creada para la conmemorar en 1992 los quinientos años del descubrimiento de América. Por último, el Estado venderá sus participaciones minoritarias en otras 35 sociedades. 'Carmen la comida de España 1992' es la de nombre más rimbombante.

Deuda pública

Austeridad para reducir el déficit y contención de la deuda son los objetivos que mueven la acción del Ejecutivo desde su toma de posesión en diciembre de 2011. El Banco de España publicó ayer el montante de deuda de las administraciones públicas al cierre de 2011. Según el organismo regulador, el año pasado la deuda de las comunidades autónomas creció un 17,26%, hasta sumar 140.083 millones de euros (el 13,1% del PIB), su mayor cuantía desde que existen registros.

La deuda pública total creció el año pasado un 14,2%, hasta 734.961 millones, cantidad que equivale al 68,5% del PIB. Este incremento sitúa el conjunto de la deuda española 7,3 puntos por encima del 61,2% del PIB registrado al cierre de 2011 y supone 28,3 puntos más que el 40,2% que soportaba la economía española a finales de 2008, el año en que se derrumbó Lehmann Brothers y la crisis llegó a España.

El débito de las empresas públicas subió en 2011 un 5,6%, hasta 55.865 millones (el 5,2% del PIB). La vicepresidenta desveló que, según Hacienda, la deuda de los ayuntamientos pendiente de pago con sus proveedores suma 9.584 millones, casi la mitad de los 17.000 millones que calculó la FEMP. Sáenz de Santamaría señaló que el dato de Hacienda es «provisional».