El ministro de Industria reconoce que la luz subirá el próximo 1 de abril

El ministro de Economía reconoció, esta vez sí, que la luz subirá el 1 de abril. Hasta tres sentencias del Tribunal Supremo obligan al Gobierno a elevar la parte regulada de la tarifa, que determina el 50% de la variación del precio que pagan los consumidores domésticos y que también incide en los contratos de los clientes liberalizados. Pero José Manuel Soria aclaró que «se equivocará» quien piense que todo va a ser por cuenta del usuario. Su departamento trabaja en una reducción de los costes que se retribuyen con la tarifa, avanzó. Si se aplica la tijera a estos costes, se rebajarán los llamados «peajes de acceso» y se reducirá el conjunto de la parte regulada.

El embrollo de la tarifa eléctrica no tiene fin. Unos 20 millones de consumidores -domicilios y pequeños comercios- ven revisado cada trimestre el precio que pagan por el suministro de electricidad, mientras otros 3,7 millones lo tienen congelado, porque se benefician del 'bono social'. Pero la fórmula de actualización tiene dos componentes. La parte regulada incluye los costes del sistema, así como la distribución y las primas a las energías renovables. Y el término de energía lo determina la subasta denominada Cesur, que se lleva a cabo cada tres meses, en la que empresas comercializadoras compran la electricidad a las generadoras.

En definitiva, el Gobierno tiene margen de maniobra y lo ha utilizado con frecuencia porque, cuando el precio de la electricidad sube o baja en el mercado mayorista, utiliza la parte regulada para contrarrestar este efecto. El pasado enero, sin ir más lejos, aprovechó la rebaja de la energía, elevó los peajes en la misma proporción, y congeló la tarifa doméstica. El problema reside en que, cuando opta por mantener o rebajar los peajes, o los eleva en cuantía insuficiente, el déficit de tarifa sigue engordando.

Ingresos y costes

Este saldo negativo se produce porque las empresas generadoras tienen reconocidos unos costes no siempre compensados por los ingresos. El déficit de tarifa acumulado, que ya ronda los 24.000 millones de euros, podría aumentar en otros 5.000 millones este año si no se adoptaran medidas. Las eléctricas recuperan esta deuda mediante la titulización o venta del derecho de cobro, pero la compleja situación de los mercados de deuda ha supuesto un obstáculo para estas colocaciones.

El Ejecutivo intentó poner coto al déficit con una ley que establece el importe máximo a alcanzar cada año, pero esta norma se ha incumplido sistemáticamente. Los costes e ingresos establecidos han hecho imposible que el déficit quedara limitado a 3.000 millones en 2011, y parece totalmente irrealizable rebajarlo a 1.500 millones este año y menos aún su supresión total en 2013.

Ante este panorama, las compañías eléctricas recurrieron las sucesivas decisiones tarifarias del Gobierno y en todos los casos han obtenido fallos favorables a sus tesis. El miércoles se conoció otra sentencia del Tribunal Supremo, la tercera en el mismo sentido, que impone una subida retroactiva de los peajes que puede llegar a ser del 35%. En el último auto del alto tribunal se impone al Ministerio de Industria la redacción inmediata, previa consulta a la Comisión Nacional de la Energía, de una nueva regulación que incluya los costes establecidos y no genere nuevos desfases.