El Tribunal de Cuentas da nueve días para personarse en el desfalco

Una cosa está clara y es que el Tribunal de Cuentas considera que la perdida de los 7,8 millones de euros de la caja municipal es consecuencia de las irregularidades detectadas en la gestión contable del Ayuntamiento de San Fernando. Así se recoge en el edicto que ayer publicó el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), cuya publicación da inicio al plazo de nueve días para que los implicados en el desfalco puedan personarse en el proceso.

Esto no significa que tengan que acudir a Madrid, aunque ya tendrán que hacerlo, en estos días, tan solo que sus abogados deben trasladar al organismo contable un escrito en el que indique que se persona en el caso, de modo que se pueda seguir con la tramitación del proceso. A pesar, de que ya se ha dado un paso muy importante, con la apertura del expediente lo cierto es que aún queda mucho tiempo para que tenga lugar el juicio que se llevará a cabo para determinar la responsabilidad de lo ocurrido en la caja municipal.

Además puede abrir nuevas vías de investigación de forma paralela al proceso penal, que se encuentra estancado a la espera de las siguientes diligencias, una vez que la policía ya finalizó la investigación del suceso, que se ha centrado en el entorno del principal imputado, Clemente Ruiz, y de su relación con una familia de origen marroquí, que no está imputada a pesar de que se realizaron varios registros en sus posesiones.

Hay que recordar que el Tribunal de Cuentas tiene entre sus manos el trabajo realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía (encargada del proceso de instrucción) que considera que los cajeros son los responsables directos de lo ocurrido en la caja municipal ante la desaparición de 7,8 millones de euros. Motivo por el que elevó al propio órgano contable una propuesta de liquidación de 9,4 millones de euros (tras sumarse los intereses), lo que significa que ese dinero debe ser abonado tanto por Clemente Ruiz como por María José Lebrero. En el caso de que se declaren insolventes y no puedan afrontar la deuda serán los responsables subsidiarios los que tendrán que hacer frente a esta cantidad. Entre los que se encuentran los ex alcaldes andalucistas Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, además del actual y anterior interventor y la tesorera.