Arenas no cree en el copago y sí en un «gran pacto sociosanitario»

Cataluña cobrará un euro por receta emitida a cada usuario de la sanidad pública para recaudar 102 millones de euros, según la previsiones de la Generalitat. Javier Arenas no admite esa fórmula. En su decálogo político no cabe ese concepto. Fue escueto al ser cuestionado por los periodistas en Tomares, en la segunda ocasión que se ofreció a una rueda de preguntas. «No creo en el copago», dijo. Sin más. Sus explicaciones se detuvieron ahí. «He dicho lo que he querido de decir, no creo en el copago», reiteró al ser insistido. Es la dualidad en la que vive el PP. En Madrid, Esperanza Aguirre, del 'ala dura', defiende ese precepto. En Andalucía, Arenas, del núcleo moderado, considerado socialdemócrata por algunos compañeros, no tiene fe, a priori, en una sistema así.

La defensa de «un gran pacto sociosanitario» fue su respuesta, antes y después de ser requerido para aclarar su postura ante una medida de gravar simbólicamente por el uso de los servicios de salud. «Un 'Pacto de Toledo' a la andaluza», le gusta decir. Aquel acuerdo, sellado en marzo de 1995 a varias bandas, introdujo un paquete de medidas para reducir la presión a la que estaba sometido el presupuesto de la Seguridad Social y dio estabilidad al sistema de pensiones. Arenas pretende dotar de viabilidad al sistema sociosanitario andaluz mediante un concierto entre las diferentes fuerzas del Parlamento.

No habrá recortes

Otros «hablan del miedo», dijo en Tomares (Sevilla) por la mañana y repitió en Almonte (Huelva) por la tarde. Es el temor que infunden sus adversarios políticos sobre la posibilidad de que el PP aplique recortes en materias de sanidad y educación. «El único miedo que yo capto es a que las cosas sigan como están, que siga el paro y que no haya un cambio», rechazó. «Lo tengo muy claro, en educación no se van a recortar gastos, y en sanidad, tampoco. Tenemos la mitad de hospitales que Cataluña con un millón de habitantes más. Tampoco habrá recortes en asuntos sociales, porque ahí se juega la dignidad de la sociedad. Digan, lo digan, mientan lo que mientan».

Como prueba de que garantizará las coberturas primarias en materia educativa, presentó un ambicioso plan de guarderías, con el que pretende crear 60.000 nuevas plazas en centros infantiles. Una instalación de este tipo, ubicada en un páramo de Tomares donde solo se levanta ese edificio, que fue construida por el ayuntamiento de la localidad y que lleva un año esperando a la firma de un convenio con la Junta para su apertura, fue el escenario elegido por el candidato popular para dar a conocer el proyecto. Por delante, la denuncia: «El 72% de los niños menores de 3 años no tienen plaza de guardería en Andalucía. Solamente el 12% de las guarderías son de la Junta, más de un 60% son privadas y un 27% o 28% municipales».

«Lo que no puede ser es que haya dinero para gastar 1.500 millones para cosas que han hecho con los ERE y que no haya dinero para guarderías», reclamó. Su demanda se completó con otro dato: «La comunidad autónoma que más ha crecido en conciertos privados en los últimos cuatro años, según datos del ministerio, ha sido Andalucía. Pues hoy nos encontramos que hay 307 municipios sin guardería».

«Iniciativa social»

Arenas huye de la palabra privado cuando se refiere a algunas ideas. Es otra de las acusaciones que quiere borrar del logo de las dos 'pes' y la gaviota. Y por eso, para evitar interpretaciones erróneas, cuando pide la colaboración del ámbito privado se refiere casi eufemísticamente a la «iniciativa social». Su plan apuesta por la inversión pública, pero no rechaza que un porcentaje de profesionales del sector pongan en marcha centros concertados. Para fortificar su proyecto destinará una partida presupuestaria anual. Además, instalará guarderías en los edificios de la administración pública andaluza, diputaciones y ayuntamientos, a los que implicará en el desarrollo de esta red. Y también incentivará la instalación de guarderías en los lugares de trabajo de las empresas.

El vocablo 'recorte' suele entrar en su discurso, pero siempre para acusar al anterior gobierno estatal socialista de ser su principal promotor. «Recortaron las pensiones, suprimieron el cheque-bebé y rebajaron un 5% el sueldo de los funcionarios», enumeró por la noche en Almonte. Su contraoferta es otra: «Recortar el gasto corriente» de la administración. La novedad en este apartado fue que prometió subastar los coches oficiales, a imagen y semejanza de hecho por su compañera Mª Dolores de Cospedal en Castilla La Mancha, y reducirá los «35.000 teléfonos móviles» actuales. En Almería, hoy, ampliará esta oferta.