Avance de huelga

Las sesenta manifestaciones convocadas por CC OO y UGT en contra de la reforma laboral fueron ayer un ensayo a escala del llamamiento a la huelga general para el 29 de marzo, aunque sobre todo sirvieron para activar las bases sindicales. La nutrida participación en las movilizaciones de ayer o la masiva afluencia a las convocatorias del pasado 19 de febrero no sirven de pronóstico para el día 29. Los sindicatos afrontan la cita tras la decepcionante experiencia de llamamientos anteriores, pero con la convicción de que esta vez cuentan a su favor con la desazón generalizada que las nuevas reglas del mercado del trabajo generan en amplios sectores de la sociedad. Se trata en cualquier caso de un doble pulso: el que UGT y CC OO se han visto obligados a lanzar a su propia capacidad para liderar y encauzar la contestación social a la reforma, y el que han decidido mantener con el Gobierno de Rajoy. Es posible que las centrales logren superar el examen al que han decidido someterse el próximo 29 de marzo, pero más dudoso resulta que la convocatoria de huelga general sirva para rebajar el contenido de la reforma laboral. El envite dirigido al Ejecutivo Rajoy para que se avenga a negociar el articulado del proyecto de ley durante su tramitación parlamentaria constituye, más que un desafío que se cargaría de razón con la protesta sindical, un imperativo que el Gobierno se verá obligado a soslayar precisamente porque su objetivo primordial es lograr la confianza de aquellos -instancias internacionales y mercados- que exigen entereza a su actuación. Es muy probable que el pulso entre la huelga general del 29-M y la mayoría parlamentaria que respalda la reforma laboral se libre sin que cambie nada en el decreto-ley convalidado por el Congreso el pasado jueves, aunque el Gobierno y los sindicatos deben negociar con seriedad y honestidad para intentar llegar a determinados consensos que permitan la desconvocatoria de la jornada de paro. De hecho no son los sindicatos sino los dirigentes socialistas quienes más reclaman negociar su contenido. Aunque Fernández Toxo y Méndez saben que la reversibilidad o la atenuación de los efectos de la reforma dependen del eco que alcance la huelga general en España y fuera de España.