La división entre las víctimas del 11-M se exacerba ocho años después

La profunda división que separa desde el principio a las víctimas de la masacre del 11-M no ha hecho sino exacerbarse con los años. Los actos con los que ayer se recordó en Madrid a las 191 personas asesinadas en esta ciudad por la voladura terrorista de cuatro trenes de cercanías mostraron en toda su crudeza la distancia -por el momento insalvable- entre las posiciones de las diferentes asociaciones de damnificados en el octavo aniversario del atentado más sanguinario de la historia española y el más grave ocurrido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

La Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, presidida por Pilar Manjón, que agrupa al colectivo más numeroso de familiares de fallecidos y heridos en los atentados, y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) nunca han querido convocar un acto unitario de recuerdo a sus seres queridos. Ambas resultaron muy marcadas por la dura confrontación política que desde 2004 desataron los atentados entre el PSOE y el PP. Algunos dirigentes de este último partido vieron en este suceso un motivo clave de la derrota electoral que sufrieron ese año.

El colectivo de Manjón siempre defendió la investigación policial que refrendaron la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en sus sentencias: la de la autoría yihadista. La asociación que preside Ángeles Pedraza, por contra, siempre mantuvo que aún se desconoce quién voló los trenes y nunca descartó la teoría lanzada inicialmente por el Gobierno de José María Aznar, y alentada después por sectores afines al partido conservador, que apuntaba a otro tipo de autorías en las que ETA habría podido tener un papel central.

Coincidencia polémica

El clima histórico de tensión se ahondó ayer por dos factores que confluyeron en el octavo aniversario. Por un lado, la coincidencia de fechas con las manifestaciones de los sindicatos contra la reforma laboral del Gobierno. Y, por otro, la orden dada por el nuevo fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para que su departamento reabra la investigación sobre los atentados y estudie los restos de uno de los posibles vagones de los convoyes volados el 11-M, que fue localizado en un almacén ferroviario. La AVT siempre sospechó de la destrucción de la mayor parte de estos trenes, ocurrida meses después de los atentados, porque piensa que con su análisis podrían encontrarse pruebas de que el explosivo utilizado no fue la goma dos robada en una mina asturiana, que cita la sentencia, sino la dinamita Titadyne, una sustancia usada hace años por ETA.

El resultado fue la mayor de las divisiones. En un lado, la estación de Atocha, escenario principal de la masacre, con Majón, los responsables de CC OO y UGT en Madrid, el secretario de los socialistas en la región y dirigentes de la Unión de Actores, entre otros. En el otro, el parque del Retiro, junto al Bosque del Recuerdo, Pedraza acompañada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallarón; altos cargos del ministerio del Interior; Torres-Dulce; la alcaldesa de Madrid, Ana Botella; la delegada del Gobierno; y el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González.

Manjón atacó con dureza al fiscal general por alinearse con «la conspiración repugnante de unos fanáticos 'conspiranoicos' que no asumen que los atentados fueron cometidos por yihadistas». Le recordó que ha comenzado a remover «una cosa juzgada» y «confirmada por tres sentencias» que solo «aumenta el dolor de las víctimas». «Cada día añaden unas muescas más en nuestros corazones», dijo, para advertir a Torres-Dulce de que «conseguirán que algún día se deje de creer en la justicia democrática». Aseguró, irónica, que «estaríamos encantados de que hubiese sido ETA» para no ver «insultada ni ultrajada la memoria de los nuestros por incalificables personajes desde sus tribunas mediáticas». Defendió el derecho a las manifestaciones el 11-M, porque dijo que no permitirá que nadie use a las víctimas «como ariete contra los sindicatos».

La posición de Pedraza no pudo ser más contraria. Alabó al fiscal general, pidió a las autoridades «decisión y valentía» para esclarecer los atentados y encontrar a los autores verdaderos y aseguró que «el 11-M es un caso abierto, y ahora más que nunca», y que no se cansará de repetir que «no es un caso cerrado». «Un final impune -dijo-, en el que no se conozca toda la verdad y no se rescate la memoria y la dignidad de las víctimas sería un fraude, una trampa y una mentira». Sobre la convocatoria de los sindicatos fue taxativa: «No tienen corazón, no tienen alma y son indignos».