La corrupción se aleja del ladrillo

Quizás fueron ellos los primeros que presintieron el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Los que antes imaginaron que los años de oro de la construcción habían pasado y que los 'pelotazos' ligados al suelo ya no iban a ser los de finales de los noventa y buena parte de la pasada década. Las redes corruptas desenmascaradas en los últimos tiempos parece que se habían olvidado, o cuanto menos alejado, del ladrillo. La desbocada y grosera corrupción urbanística, a la vista de las últimas operaciones y los últimos datos, ha dado paso a las tramas más sibilinas y sutiles que buscan, o al menos buscaban antes de la crisis, su financiación en las administraciones menos cuidadosas con el dinero público y más proclives a la adjudicación o a la subvención a sus más allegados saltándose las normas.

En la Fiscalía Anticorrupción y en la Unidad Contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) lo tienen claro, el perfil ha comenzado a cambiar, aunque no quiere decir que el ladrillo no siga presente, sobre todo a la hora de blanquear o recolocar los pingües beneficios. Los delitos contra la ordenación del territorio, con la omnipresente recalificación irregular, van dando paso a la prevaricación y a la malversación de los caudales públicos, con su traducción popular, la contratación irregular a dedo. Dos imágenes resumen ese cambio, la fotos de los dos grandes 'capos', Juan Antonio Roca, el asesor urbanístico de Marbella, frente a la de Francisco Correa, el cabecilla de la red 'Gürtel' dedicada a captar negocios de servicios a cambio de favores.

Roca es el emblema de la 'operación Malaya'. Pero el asesor urbanístico puede haber sido de los últimos grandes casos de corrupción urbanística-política pura destapados en España, como pueden ser el 'Pretoria' en Cataluña, que en 2009 implicó al PSC y a CiU por recalificaciones millonarias y 'pelotazos' urbanísticos en Santa Coloma de Gramanet, o el 'caso La Muela', otro sumario judicializado en 2009, en el que se investigan irregularidades en Zaragoza cercanas a los 45 millones de euros, ligadas todas íntimamente al suelo.

Doble causa

Unos sumarios que, al menos de momento, parecen no crecer. Los técnicos de Hacienda que colaboran con la UDEF apuntan a que la causa de este frenazo es doble. La primera, por supuesto, el fin de la construcción masiva en España a cuenta de la crisis, y la segunda es la entrada en vigor el 1 de julio de 2007, precisamente coincidiendo con los primeros síntomas de recesión en la economía, de la reforma de la Ley del Suelo, cuyo mayor valor, coinciden los expertos, es que las administraciones públicas solo pueden clasificar como urbanizable el suelo estrictamente preciso para las necesidades que así lo justifiquen.

Frente a 'Malaya', 'Pretoria' o Roca están Correa, 'El Bigotes', Iñaki Urdangarin o Diego Torres, símbolo de esas nuevas redes más alejadas de la construcción. Tramas que siguen alimentándose de la amistad con el poderoso, eje siempre de la corrupción, pero que ya no buscan del político información privilegiada de un plan urbanístico a cambio de una suculenta comisión, sino su favor y connivencia para la rapiña de contratos, subvenciones o adjudicaciones a dedo, en la mayoría de las ocasiones por servicios hinchados, muy alejados del precio real de un mercado libre.

En este apartado se encuadran los cinco grandes casos de corrupción que han sacudido el país en los últimos años: el propio 'Gürtel', las basuras valencianas de 'Brugal', el 'caso Campeón' que salpica al exministro José Blanco, los falsos ERE de la Junta de Andalucía y, sobre todo, el 'caso Urdangarin'.

Este último, el sumario en el que está imputado el yerno del Rey, es, a decir de los investigadores, el gran paradigma de esa nueva corrupción que se hizo fuerte en la segunda mitad de la pasada década y que ahora empieza a aflorar en los juzgados. Urdangarin y Diego Torres, casi desde la nada, se hicieron en cuestión de un lustro con patrimonios cercanos a los nueve y cinco millones de euros cada uno sin meter las manos jamás en el hormigón ni en el cemento.

El entramado tejido por el Instituto Nóos nunca tuvo relación alguna con la construcción. Y eso a pesar de que Urdangarin y la infanta son dueños de una inmobiliaria que se usó para todo tipo de negocios, excepto el inmobiliario. Sin ladrillos de por medio, Nóos logró facturar cerca de 16 millones a cuenta del continuo 'sablazo' a entidades privadas, pero sobre todo públicas, que buscaban congraciarse con el marido de Cristina de Borbón. Como en los nuevos casos de corrupción, en el sumario 'Nóos' los pisos solo aparecen para invertir los beneficios, no para obtener el dinero.

Ramificaciones

Tampoco el grueso de 'Gürtel' tiene que ver con la especulación inmobiliaria, aunque es cierto, habida cuenta de la envergadura de esta red corrupta, que tiene ramificaciones con el ladrillo en Madrid y con las obras públicas en Castilla y León. Sin embargo, el origen de todo es el trato de favor de las administraciones madrileñas y valencianas para conseguir infinidad de contratos de servicios, desde la visita del Papa a los homenajes de los atentados del 11-M pasando por la organización de campañas electorales o la infraestructura para los stands de Fitur. Correa y los suyos demostraron que alguien podía hacerse muy rico -la justicia todavía sigue la pista a los más de los 30 millones de euros evadidos a paraísos por el cabecilla de la trama- sin tener que pisar una obra -Correa era un simple agente de viajes- y dedicándose a ganar concursos amañados e incluso conseguir adjudicaciones partidas en pequeños pedazos para que no fueran sometidas a concurso público. Es más, el tratamiento de la basura, a la vista del 'sumario Brugal', también ha puesto de manifiesto que se pueden ganar de manera irregular decenas de millones sin mancharse las manos con cemento.

El 'caso Campeón' sigue el mismo patrón, una maraña de ilegalidades, pero cero de construcción. Todo el sumario pivota sobre el cobro de subvenciones de la Xunta de Galicia. Como en la 'vieja' corrupción, tejer una red de amistades con los círculos políticos es el origen, pero los principales acusados, el empresario Jorge Dorribo y los suyos, usaron esos contactos con el entorno del presidente de la Xunta Alberto Núñez-Feijóo o del exministro de Fomento José Blanco para obtener supuestamente ayudas por proyectos ficticios a cambio de sobornos.

Y paradigmático de esta nueva época es también el escándalo de los ERE falsos de Andalucía. Millones públicos que salían sin fiscalización para centenares de prejubilaciones irregulares y 270 empresas amigas aprovechando el descontrol de las ayudas en la época de bonanza económica.

La UDEF y Anticorrupción, insisten, conocen ya muy bien el perfil de estos nuevos corruptos, pero no el de los futuros. Estas nuevas tramas nacidas al calor de las 'vacas gordas', con administraciones locales y autonómicas sumamente descuidadas con el uso del dinero público, sin embargo, apenas nacidas, ya son viejas. La crisis y, sobre todo, el disparado déficit público de comunidades y ayuntamientos han llevado a todo tipo de recortes, particularmente en ayudas como las del 'caso Campeón' o en proyectos suntuarios como a los que se dedicaban redes como 'Gürtel' o 'Nóos', y a acentuar el control sobre cada euro que sale de las arcas públicas. «No todo iba a ser negativo con la crisis», apuntan en Hacienda.