La oposición tumba al PA la salida que había negociado para solucionar la deuda con Aqualia

Primera piedra importante en el camino de la gestión que encuentra el nuevo Gobierno del Partido Andalucista de Villamartín. No contar con mayoría absoluta en el Pleno da lugar a situaciones como la que se vivió ayer, cuando la oposición tumbó a los andalucistas una propuesta para devolver la gestión del ciclo integral del agua a la empresa Aqualia y evitar tener que hacer frente a las sentencias judiciales que tiene en contra el Ayuntamiento, porque el anterior gobierno del PSOE le retiró el servicio «de manera irregular», según destacan los tribunales.

PSOE, PP e IU rechazaron que se le devuelva el servicio a la empresa durante 25 años más unos siete, los que lleva sin prestar el servicio desde que se le retiró, a cambio de que Aqualia rechace su derecho a percibir una indemnización que se supone que será superior a los cuatro millones de euros. La empresa ha ganado varios contenciosos administrativos tras la retirada de la gestión y la posterior entrega de la misma a la empresa pública Aguas Sierra de Cádiz, dependiente de la Mancomunidad de Municipios.

El alcalde de Villamartín, Juan Luis Morales (PA), calificó la postura de la oposición como «irresponsable», sobre todo la del partido que gobernó y «generó el problema, el PSOE», considerando que tanto ellos como IU y PP han respondido «a intereses partidarios en lugar de apostar por una solución inmediata al problema que no costaría ni un solo euro a los vecinos ni al Ayuntamiento». Además, destacó que al solicitar el PSOE también la salida de la citada empresa pública, «nos vemos obligados a prestar el servicio del Consistorio y estimamos que eso supondría un coste anual de unos 400 euros por cada habitante de la localidad».

Oposición

El PSOE argumentó su rechazo, asegurando que el PA ha utilizado como excusa la sentencia para «dar el servicio a Aqualia», consideró su portavoz y ex alcalde José Luis Calvillo. Además, consideró «precipitado» este intento de solucionar una sentencia que reconoció que «se debe de acatar, pero habría que estudiar las posibilidades de hacerlo sin salir de la empresa pública que está dando un buen servicio y barato». No obstante, consideró que la cantidad a la que habrá que hacer frente «no es la que dice la empresa, sino que la misma tendrá que sentarse con el Ayuntamiento para negociar y se tendrán que filtrar todos los servicios que no corresponden al agua, como obras ejecutadas».