El Gobierno defiende el «bilingüismo integrador»

El Gobierno mostró ayer su respeto por el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que el jueves validó el uso oficial del catalán como lengua vehicular en el sistema educativo de esta autonomía, pero no ocultó que el dictamen contraría su visión política y aprovechó para recordar que se trata de una resolución que la Constitución permite recurrir.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, después de expresar su obligado acatamiento institucional al fallo, aclaró que «el Gobierno defiende y defenderá un bilingüismo integrador, que potencie en el ámbito de la escuela y de lo público esa normalidad y cordialidad que existe en el uso de las lenguas en la calle».

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, mantuvo una valoración casi idéntica a la de Santamaría y aseguró que en su programa político mantendrá la conveniencia de aplicar en Cataluña «el bilingüismo integrador, la coexistencia de dos lenguas vehiculares, el catalán y el castellano, en nuestro modelo educativo, que es lo que ampara la sentencia del Tribunal Constitucional y el Estatuto constitucional».

Quien atacó la resolución sin paliativos fue UPyD, que a través de su diputado Carlos Martínez Gorriarán tachó de «intolerable» la resolución del tribunal superior y reprochó a los magistrados que coincidan con el «pensamiento único» sobre el modelo educativo impulsado desde el Gobierno de CiU. Sin embargo, la resolución no solo fue saludada con satisfacción por los nacionalistas de Artur Mas sino que tiene el apoyo del resto de los partidos catalanes, de la izquierda a la derecha, a excepción de PP, UPyD y Ciutadans.

Martínez Gorriarán considera que el dictamen judicial es un «atropello democrático» y «un ejemplo clarísimo de la nefasta división de poderes que hay en España». Cree que se trata un hecho muy grave porque permite que un partido nacionalista imponga la lengua en que hay que educarse.