«La huelga es un error porque nunca soluciona los problemas»

El Gobierno de Mariano Rajoy advirtió, a través de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que en las actuales circunstancias económicas, convocar un paro generalizado «es un error», porque este tipo de medidas «nunca es la solución a los problemas». Pero el pulso estaba claro para ambas partes. Los sindicatos, que incluso llegaron a sopesar si el Ejecutivo se había apuntado la convocatoria de huelga como un logro -los inversores suelen ver bien las movilizaciones bajo control, al interpretar que las protestas dan prueba de las convicciones reformistas del Gobierno que les hace frente-, admitieron que, excepto la movilización radical, no veían otros caminos a seguir.

Las centrales aseguran que en todo momento han estado a la expectativa, sin confiar en ello, de que se produjera una llamada de La Moncloa instándoles a emprender negociaciones. Pronto constataron que las dos cartas directas invocando a una reapertura del proceso de diálogo social no habían captado la atención del Jefe del Ejecutivo. No hubo siquiera acuse de recibo, y la convocatoria a una huelga general el 29 de marzo ya no tiene marcha atrás.

El Gobierno respeta el anuncio de huelga, pero se esfuerza en sacar a la luz la situación «dramática y difícil» que atraviesa España, con 5,2 millones de personas sin acceso a un puesto de trabajo, y en la que cada uno «tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones». Fue el argumento utilizado con reiteración por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría al ser interpelada por la convocatoria de movilizaciones tras la reunión del Consejo de Ministros. La 'número dos' del Ejecutivo evocó que la posición de su partido no ha cambiado. También se opuso, dijo, al paro general del 29 de septiembre de 2010, cuando, los sindicatos optaron por esta medida extrema ante los ajustes promovidos por el Gabinete de Rodríguez Zapatero, los primeros de la ya larga crisis.

Santamaría se empleó a fondo en un intento de rebatir la principal acusación de las centrales, que atribuyen al Gobierno haber cerrado la puerta al diálogo para conquistar la voluntad de Bruselas y recuperar 'a cualquier precio', la confianza de los inversores en los mercados. «Hemos mantenido muchas reuniones con los sindicatos y los contactos se seguirán realizando», rebatió la vicepresidenta, que cifró en 32 los encuentros llevados a cabo. Las centrales niegan la mayor, y recuerdan que buena parte de esas citas se han limitado a resolver precisiones técnicas, y añadieron que la práctica totalidad de los puntos conflictivos «han seguido sin modificar». «Los sindicatos tendrán que dar explicaciones de las decisiones que adoptan», desafió la vicepresidenta.

Pequeños cambios

Las expectativas de modificación de la norma, por mínimas que sean, podrían encontrar su cauce a través de las formaciones nacionalistas con voto en el Parlamento. Algunas sugerencias ya se han producido, entre ellas las que inciden en las causas del despido procedente. Se estudia concretar los sectores en los que cabría alegar un descenso continuado de los ingresos, para tomar en cuenta el diferente impacto de la mala coyuntura económica, e incluso excluir las actividades estrechamente vinculadas a la temporalidad.

Al margen de la negociación de estos cambios, la convocatoria suscitó el frontal rechazo de otras fuerzas políticas que, como CiU, opinan que «no estamos para perder horas de trabajo». Desde el otro extremo del arco político la convocatoria sindical a la movilización recibió claros apoyos. «Ninguna huelga general es deseable», admitió Óscar López, secretario de Organización del PSOE, para añadir que «Rajoy aún tiene la oportunidad de que se desconvoque, si se sienta a negociar con los sindicatos». Los socialistas se oponen a muchos puntos de la reforma, e incluso están dispuestos a presentar recurso de inconstitucionalidad en aspectos como el contrato por el plazo de un año que, sin derecho a indemnización, pueden suscribir las pequeñas empresas con empleados jóvenes. En una actuación con pocos precedentes, el grupo socialista, además de presentar una enmienda a la totalidad, la ha acompañado de un texto alternativo al proyecto de ley de reforma laboral para su debate en el Congreso.