Debate necesario

Todos los grupos aprobaron ayer por unanimidad tramitar como proyecto de ley la reforma laboral ya en vigor, después del que el decreto-ley fuera convalidado con 197 votos a favor y la oposición de la izquierda parlamentaria. En otras palabras, ahora debe comenzar un debate que se produce por voluntad expresa del partido del Gobierno, que podía haberlo evitado. Habrá, pues, que suponer que la mayoría está dispuesta a incorporar mejoras al texto ya que de otro modo la tramitación no tendría sentido y resultaría una pérdida de tiempo. Por otra parte, tanto el presidente del Gobierno como la ministra de Empleo han reconocido que no se admitirán cambios de calado que modifiquen la sustancia de la reforma, entre otras razones para no decepcionar a los mercados ni a Bruselas, que se han mostrado satisfechos con ella. Así las cosas, los sindicatos, que hoy se reúnen para evaluar la situación y el domingo constatarán su capacidad de convocatoria en una serie de movilizaciones, tienen que decidir si están dispuestos a participar en el debate que se avecina, o si, dando por perdido de antemano el asunto, optan por alentar la huelga general sin más demora, aun con el déficit de legitimidad que esta indignación preventiva pueda representar. Sería lamentable que el ruido exterior -el de la protesta sindical, que con seguridad será arropada por la izquierda parlamentaria, pese a que los sindicatos le hicieron una huelga general al PSOE por una reforma laboral 'light' que quedó en nada- impidiera un debate profundo y extenso de la compleja reforma, que tiene muchas esquinas controvertidas y numerosos ámbitos que convendría realmente clarificar. Así, parecen inobjetables aquellos aspectos modernizadores de la norma que la sitúan en el marco general europeo; en cambio, podría ser necesario revisar ciertos aspectos que laminan el papel y la función de los sindicatos o determinados artilugios jurídicos que podrían rozar la inconstitucionalidad, como el nuevo contrato para jóvenes en empresas de menos de 50 trabajadores que, de hecho, equivale a un contrato temporal de un año sin indemnización. Parece evidente, en cualquier caso, que la precipitación de los sindicatos los excluiría del debate y les restaría autoridad moral para opinar sobre un proceso parlamentario en el que se habrían negado a participar.