Rajoy revisará el estado autonómico para evitar «duplicidades excesivas»

El Gobierno ha comenzado por lo que considera más urgente, poner coto al déficit e imponer recortes del gasto a las comunidades autónomas, pero Mariano Rajoy adelantó ayer en el Congreso que el siguiente paso de su hoja de ruta será una reforma del funcionamiento del estado autonómico para evitar las «excesivas duplicidades» entre administraciones y para asegurar «la unidad de mercado» en todo el territorio español.

El presidente del Ejecutivo apuntó la idea durante su cara a cara en el pleno con la portavoz de UPyD, Rosa Díez, pero evitó concretar. No obstante, minutos después, su ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en respuesta también a una interpelaciónde Rosa Díez, dio una pista más sobre las intenciones del PP. «No saldremos de la crisis si no reordenamos las competencias» entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, explicó. Eso sí, insistió en que en ningún caso quieren tocar o poner en peligro el modelo autonómico creado por la Constitución, sino «las malas prácticas» que han dado lugar a «ineficacias» y solapamientos.

Rajoy tampoco puso fechas a la revisión autonómica, pero indicó que las conversaciones sobre el asunto con responsables regionales y locales se iniciarán «pronto». El presidente dio a entender que lo prioritario ahora era parar el notable aumento del gasto y del endeudamiento de comunidades y ayuntamientos en los últimos años, reconducido con los duros recortes para 2012 pactados el martes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ayer en el consejo local, crear un línea de crédito para que estas instituciones paguen la deuda millonaria con sus proveedores, aún en fase de diseño, e imponer a estas administraciones la senda del déficit cero a que les obligará, bajo amenaza de sanción, la futura ley de Estabilidad Presupuestaria, que está a punto de iniciar su tramitación parlamentaria.

La segunda medida más urgente para lograr la austeridad y adelgazamiento de las administraciones, según el propio jefe del Ejecutivo, es la supresión de los organismos, entes y empresas públicas que «sobran». Espera que se inicie su ejecución «en breves fechas», en cuanto el Consejo de Ministros conozca el informe correspondiente. Montoro dio una idea del volumen del recorte al calcular en al menos un 40% los organismos del sector público que desaparecerán a corto plazo, de los algo más de 4.000 que tienen entre el Gobierno, las comunidades y las instituciones locales.

Tanto el anuncio de Rajoy como las aclaraciones de Montoro fueron provocadas por las preguntas de UPyD, que reclamó al Ejecutivo la inmediata reforma y reducción del estado autonómico, que describió como una «estructura elefantiásica, inviable e insostenible» que solo ha conducido a la «ineficacia y el despilfarro». Señaló que su objetivo es «refundar el Estado», con una reorganización constitucional cerrada que devuelva el control de las prestaciones básicas al Gobierno «federal», pero que por el momento se conforma con acabar con las duplicidades y con los «17 de todo».

Para ello reclamó que las 17 comunidades deban regirse por los criterios de «las tres más eficientes», que se supriman las diputaciones provinciales y que se produzca una fusión de pequeños municipios que permita la creación de entes locales más eficientes. Rosa Díez calculó que esas medidas supondrían por sí mismas un ahorro del gasto público de más de 40.000 millones de euros al año, lo que preservaría al estado de bienestar de los recortes en el gasto público.

«Exageración»

El titular de Hacienda se limitó a replicar a la portavoz que sus cálculos son «una exageración» y a realizar una firme defensa del compromiso autonómico de su partido frente a la «nostalgia centralista» que atribuyó a UPyD.

Sin embargo, evitó desvelar qué planes de futuro tiene el Gobierno para las diputaciones provinciales, cuya desaparición también reclama el PSOE, y si su departamento se planea impulsar la fusión de pequeños ayuntamientos para racionalizar los costes de los servicios públicos y facilitar el cierre de las instituciones provinciales e incluso la desaparición de muchas mancomunidades. Los populares se movieron en el terreno de la indefinición sobre este asunto durante las campañas electorales de 2011 y, al menos por el momento, no parecen dispuestos a desvelar sus intenciones sobre estas vidriosas reformas.