Gallardón: «Hay una violencia estructural que obliga a abortar»

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, indignó ayer a todos los grupos de izquierda del Congreso y a las asociaciones feministas al asegurar en el pleno que en España hay «una violencia de género estructural» que obliga «en muchas ocasiones» a las embarazadas a abortar.

El ministro, que acabará en otoño el borrador de una nueva ley del aborto que suprimirá la actual norma de plazos para volver a una de supuestos, dio un giro radical a sus argumentos y pasó a justificar la reforma no por defender los derechos del «no nacido» sino por proteger «el derecho reproductivo por excelencia de la mujer, que es el derecho a la maternidad». En resumen, indicó que el objetivo central de la norma que prepara es «remover los obstáculos reales que impiden a la mujer su derecho a ser madre».

Ruiz-Gallardón señaló que «muchas mujeres ven violentado su derecho a ser madres por la presión que generan a su alrededor determinadas estructuras», que ante embarazos no deseados «las hacen responsables únicas de esos conflictos o situaciones problemáticas». Por eso, se ha impuesto como meta que «ninguna mujer se vea obligada a renunciar a la maternidad por un conflicto familiar, laboral o social». Aunque no identificó el, a su juicio, amplio colectivo de embarazadas que cree víctima de la «violencia de género estructural», sí que señaló que «vamos a estar especialmente cerca de las mujeres más vulnerables, de las mujeres en paro, de las menores de edad, de las inmigrantes, de las mujeres con discapacidad».

Añadió que la nueva ley, sobre la que todavía no ha dicho en cuánto limitará las posibilidades de interrupción del embarazo y qué sanción penal establecerá para los profesionales sanitarios y personas que la incumplan, tiene que ocuparse de la «inserción laboral de la mujeres embarazadas» y de «evitar cualquier tipo de discriminación», al tiempo que favorece su acceso «prioritario» a los servicios sociales, la educación, la vivienda, el transporte o el empleo.

La intervención del ministro en el pleno de control al Gobierno concluyó con una rotunda y larga ovación de la bancada popular, y con fuertes muestras de desaprobación de los grupos de izquierda. La socialista Ángeles Álvarez, la diputada que le interpeló para reprocharle su intención de derogar la ley actual, se mostró convencida de que el titular de Justicia solo busca con la reforma atender «sus compromisos» con los sectores más «fundamentalistas» de la sociedad mediante «la imposición al Estado de Derecho de una moral religiosa que tiene a sus espaldas la sistemática oposición a los derechos de las mujeres».

«¡Vivan las cadenas!»

La intervención de Ruiz-Gallardón desencadenó una fuerte controversia de opiniones a favor y en contra en las redes sociales, con más críticas que halagos, y sobre todo una cascada de descalificaciones al ministro de parlamentarios y portavoces de PSOE, IU, Iniciativa per Catalunya, UPyD y BNG, entre otras.

Todos coincidieron en que el exalcalde de Madrid, que durante muchos años ha sido identificado como el representante de la rama más centrista y liberal del PP, ha destapado su verdadero pensamiento, el que le coloca junto al ala más «reaccionaria y ultraderechista» de su partido. El tono de la mayoría de estas opiniones políticas se podía resumir en el mensaje del diputado socialista Juan Moscoso: «Gallardón ha dicho que penalizar el aborto es liberar a las mujeres de la presión social que les obliga a abortar, ¡vivan las cadenas!».

Las palabras del ministro también fueron criticadas con dureza por los profesionales de las clínicas acreditadas para realizar interrupciones del embarazo y por múltiples asociaciones feministas y contra la violencia de género. Por el contrario, el espíritu de la ley que prepara fue unánimemente aplaudido por los antiabortistas 'grupos provida'.