Guerrero declara a la jueza: «Nadie de la Junta puede decir que se ha hecho algo a sus espaldas»

Gran expectación a lo largo del día de ayer en los juzgados de Sevilla por la esperada declaración de Javier Guerrero, principal inculpado en el caso de los ERE fraudulentos. Guerrero apuntó, como se esperaba, hacia arriba, hacia sus superiores del Gobierno de la Junta durante su etapa en la dirección general de Trabajo (1999- 2009). Pero sin entrar en detalles. «Nadie de la Junta puede decir que se ha hecho algo a sus espaldas». Esta fue la frase clave de su declaración de seis horas ante la juez instructora, Mercedes Alaya.

Alaya leyó primero durante una hora los delitos de los que acusa al exdirector general de Trabajo: dos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil. Todos ellos juntos implican condenas de cárcel. La juez decidirá hoy o mañana, cuando termine de tomarle declaración, si ingresa en prisión preventiva o dicta una fianza, o ambas cosas.

Lo que dio de sí la jornada de ayer fue más bien poco sobre lo esperado. Guerrero atendió el relato minucioso de la magistrada de lo que se le acusa. Alaya aludió a los 29 millones de euros concedidos presuntamente de forma ilegal a empresas afines al PSOE de la sierra norte de Sevilla. Guerrero asintió sobre esto, según contó un letrado presente en la sala. Alaya leyó que la mayoría de las ayudas a empresas en crisis y las prejubilaciones falsas investigadas recayeron en militantes socialistas o afines. También fue minuciosa al describir cómo el exdirector general había concedido ayudas a su exchófer, Juan Francisco Trujillo, y cómo ambos se gastaron parte del dinero en copas y cocaína o diversiones en clubes y bares. Guerrero negó esto con la cabeza mientras la escuchaba, cuenta la misma fuente.

Paz social

Llegado el turno de su declaración, el exdirector general de Trabajo parapetó su defensa ante la instructora en que el procedimiento aplicado para la concesión de las ayudas y el pago de las prejubilaciones -que la magistrada considera ilegal-era conocido por todos sus superiores del Gobierno.

Merced a ese procedimiento, basado en un convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA firmado en 2001, se pagaron las subvenciones a empresas en crisis y las prejubilaciones recogidas en la partida 31L de los Presupuestos, el llamado 'fondo de reptiles' por el propio Guerrero en su primera declaración ante la policía.

Guerrero dice que el convenio se hizo para mantener la paz social ante tantas protestas de obreros en las calles. Señala que el entonces viceconsejero, Antonio Fernández, es quien le explica el procedimiento. En todo momento, intenta señalar hacia sus superiores como los que decidían las ayudas, y él se presenta como mero ejecutor.

Asegura que siempre informó de todo al consejero y viceconsejero y que nunca recibió reparos por nada. También apunta que cada año remitía a la consejera o consejero de Economía y Hacienda (refiriéndose sin nombrarles a Magdalena Álvarez y Griñán) los conceptos para la partida 31L recogida en los presupuestos como relaciones laborales, pero que servía para empresas en crisis y prejubilaciones.

Mención a Chaves

Cuenta cómo todos los consejeros se interesaban por las ayudas a empresas de sus provincias. Así refiere las llamadas de Gaspar Zarrías sobre Santana; Pérez Saldaña sobre la faja pirítica de Huelva y José Antonio Viera, sobre la sierra norte de Sevilla. También refiere que recibió indicaciones del gabinete de Presidencia de Chaves para que arreglase «sí o sí» lo de las ayudas a la empresa Bilore, porque el presidente acudía a un acto político al día siguiente.

También dice recibir presiones del exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, imputado en el caso, para que solucionara lo de la industria auxiliar naval de Cádiz, lo que supuso 29 millones más de los presupuestados para dicho cometido.