El Supremo centra la causa contra Blanco en el tráfico de influencias

El magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Soriano, que investiga al exministro José Blanco por cohecho y tráfico de influencias en el marco de la 'operación Campeón', la trama de subvenciones públicas en Galicia, centra las pesquisas del caso en conocer si hubo un delito de tráfico de influencias en las gestiones que hizo el exministro para favorecer a empresarios imputados en el fraude.

El cambio de paso que ha dado el instructor, que ayer comenzó a interrogar a los empresarios implicados en la causa contra Blanco, llega después de que un informe de la Agencia Tributaria desmontara la versión del cohecho del principal acusado en la trama, el industrial farmacéutico Jorge Dorribo. El empresario gallego acusó a Blanco de recibir 150.000 euros a través de una cuenta de Andorra por agilizar unas licencias para su empresa, laboratorios Nupel, ante los Ministerios de Sanidad y Economía. Así lo declaró el 14 de octubre ante la juez de Lugo que investiga la 'operación Campeón', y después ratificó el 21 febrero ante el magistrado del Supremo.

Sin embargo, el informe pericial no solo desmintió el supuesto cohecho, sino que aseguró que ese dinero fue destinado «a levantar la quiebra» que pesaba sobre una empresa farmacéutica andorrana. Tras desvirtuarse las acusaciones de cohecho, las pesquisas se centran ahora en dirimir si el exnúmero dos del PSOE incurrió en tráfico de influencias, penado con hasta dos años de prisión. Para ello, el juez Soriano y el fiscal Manuel Dolz estudian los indicios enviados al Supremo por la juez de Lugo Estela San José, según precisaron fuentes judiciales.

Juez y fiscal interrogaron ayer a dos de los empresarios que aparecen implicados en la causa contra Blanco, José Antonio Espiñeira y Javier Rodríguez. El primero es el socio del primo político de Blanco, Manuel Bran, en una empresa de electricidad y el segundo es copropietario de Proitec, al que la juez de Lugo sitúa en el centro de la trama de subvenciones y que, supuestamente, puso en contacto a Bran con Dorribo.

«Un amigo en el Gobierno»

De momento, la pieza separada contra Blanco se mantiene secreta, pero tras levantarse anteayer parcialmente el secreto del sumario en Lugo las pruebas conocidas no dejan bien parado al exministro. Su nombre aparece en algunas de las conversaciones telefónicas 'pinchadas' por Vigilancia Aduanera entre Dorribo y otro de los empresarios imputados, José Antonio Orozco, vicepresidente de Azkar y amigo de la infancia del hoy diputado socialista.

En una conversación de noviembre de 2010 Orozco sugirió a Dorribo, con el que mantenía relaciones comerciales, que el exministro les iba a pedir «poner» para la «gallina» de las elecciones municipales; en otra llamada un mes después el propio Blanco admite a Orozco haber hecho «esa gestión con Economía» y que cree que «será positiva, pero bueno, aún no me contestaron», en referencia a la obtención de un préstamo del Banco Europeo de Inversión (BEI) por 2,9 millones a favor de Dorribo.

En otra conversación de febrero de 2011 Orozco menciona a un interlocutor desconocido que «siempre es bueno tener un amigo en el Gobierno», en alusión a Blanco, después de que éste mediara para que su empresa obtuviera una licencia del ayuntamiento barcelonés de Sant Boi para una nave en el aeropuerto de El Prat que iba a generar 400 puestos de trabajo.

El juez del Supremo y el fiscal ya preguntaron a Blanco sobre estas cuestiones durante su interrogatorio del pasado 26 de enero. El exministro dijo entonces que no realizó gestiones con ningún ministerio y que la competencia del crédito del BEI era del la Xunta de Galicia. Sobre la nave de Sant Boi reconoció su interés por el expediente porque iba a generar puestos de trabajo. Este martes, en los pasillos del Congreso, dijo sentirse «tranquilo» porque estas grabaciones «se conocen desde hace tiempo» y, a su juicio, no aportan nada.

Es copropietario de una empresa de electricidad de Lugo junto al primo político de Blanco dijo ayer ser víctima de Dorribo y aportó documentos para negar que recibiera dinero de éste para el exministro.

Su empresa aparece en el centro de la trama de subvenciones del 'caso Campeón', que implica a 40 personas, y recibió una contrata para una obra del AVE a Galicia.