El PSOE se reafirma y saldrá a la calle contra la reforma laboral el 11-M

El PSOE no renunciará a la calle en su estrategia de oposición. Los reproches del PP no han hecho ni la más mínima mella en la decisión de los socialistas de sumarse a las movilizaciones convocadas por los sindicatos contra la reforma laboral. La portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, confirmó ayer lo que ya se daba por supuesto: habrá una representación del partido en la protesta del 11-M.

La cita está cargada de polémica e incluso en el PSOE hay quien cree que la elección de la fecha ha sido tremendamente desafortunada. El veterano diputado 'Txiki' Benegas incluso ha dejado escrito en el 'Diario Progresista' su disconformidad por lo que pueda tener de agravio para las víctimas. Pero el principal partido de la oposición tiene claro que la reforma laboral debe ser su caballo de batalla contra el Gobierno y que no debe escatimar medios para combatirla; sobre todo, porque en otros asuntos está dispuesto a pactar y necesita que se le visualice como alternativa.

«Vamos a hacer una oposición constructiva pero también contundente cuando se superen las líneas rojas», advirtió en el Senado el portavoz del PSOE, Marcelino Iglesias, en su primer cara a cara con Mariano Rajoy. Los socialistas insisten en que, como está planteado, el decreto que será convalidado mañana por el Congreso contraviene la Constitución. «Es una ley -remarcó- para el despido libre y gratuito de los trabajadores».

El Gobierno ya ha dejado claro que no hay mucho margen para modificaciones sustanciales. Y Rajoy desestimó el análisis de que la nueva ley, que supone un cambio radical del sistema, vaya a provocar la destrucción de más puestos de trabajo. «No pueden olvidar ustedes -contraatacó- que en los últimos años ha habido 3,5 millones de despidos en España; no es razonable hablar de despidos, lo razonable es tomar medidas».

El PSOE sostiene que cosas como el nuevo contrato indefinido de un año de prueba con despido gratuito o la posibilidad de que el empresario modifique las condiciones de trabajo de sus empleados en determinados supuestos provocarán indefensión. El Gobierno defiende que se gana en flexibilidad.

Necesidad o ideología

«En España la única solución frente a los problemas ha sido durante mucho tiempo el despido; ahora -alegó Rajoy- hay alternativas. Ustedes se limitaron a hacer una reforma que lo único que hizo fue establecer la posibilidad de concatenar contratos temporales para siempre y no es de recibo que ahora quieran impedir lo que es necesario». Eso, que sea necesario, es precisamente lo que niega Alfredo Pérez Rubalcaba. El líder del PSOE defendió que la reforma no es más que la «acción de un sector empresarial de la derecha ultraconservadora» que no quiere pagar por despedir a sus trabajadores. «Ahora parece que son decisiones puramente técnicas y que no hay otro remedio para salir de la crisis, pero esto es puramente ideológico», dijo durante un mitin en Antequera (Málaga). Con ese argumento, reclamó en balde al Ejecutivo que retire la norma y se ponga a negociar con los agentes sociales.

La petición fue llevada al Congreso como moción. Y allí, durante su debate y su posterior votación, quedó perfectamente dibujado el mapa parlamentario. No hay unidad plena entre el PSOE y las fuerzas progresistas de la cámara. Todos hacen por diferenciarse, pese a compartir el rechazo al decreto. Un rechazo compartido también el PNV.

La discusión parlamentaria propiciada por los socialistas sirvió para constatar en cambio que el Gobierno cuenta con la simpatía de CiU que «discrepa de visiones apocalípticas», en palabras de Carles Campuzano, sobre los efectos de la futura ley.