Invercaria insinúa que la cinta sobre créditos amañados está manipulada

El presidente de la empresa pública andaluza de inversión y capital riesgo Invercaria, Francisco Álvaro, rechazó ayer el contenido de la grabación con la que se acusa de irregularidades a su antecesora en el cargo, Laura Gómiz, y señaló que está manipulada y tiene trece cortes. Álvaro, en rueda de prensa en Sevilla, relacionó al exdirectivo de Invercaria que ha entregado al Juzgado la grabación, Cristóbal Cantos -quien sostiene un litigio con la empresa por su despido-, con el líder del PP de Andalucía, Javier Arenas.

Según aseguró Álvaro, el padre de Cantos es secretario de Asaja-Cádiz y asesor económico de Arenas, por lo que irónicamente añadió: «En fin: con asas y verde».

El informe técnico que señala que la grabación tiene trece cortes, siempre en los momentos en que recoge la voz de Gómiz, fue remitido al Juzgado el pasado 27 de febrero. Según Álvaro, la grabación remitida al Juzgado de Sevilla que instruye el caso de los ERE por Cantos es «una prueba preconstituida para hacer daño a esta casa (Invercaria) y daño político a través de esta casa».

Añadió que todas las alusiones a expedientes que aparecen en la grabación se refieren al volcado de expedientes a una nueva base de datos informática llamada 'Tregua', volcado que ha sido auditado, con lo que se demuestra que en esa operación de traspaso de información no se ha añadido ni borrado un solo dato.

Respaldo a la antecesora

Álvaro, que respaldó todo el «trabajo de gestión» de su antecesora, a la que sustituyó el mes pasado cuando ésta dimitió por razones personales y para defenderse judicialmente de las acusaciones de Cantos, también anunció que el servicio jurídico de Invercaria estudia actuar contra Cantos, contra quien Gómiz anunció una querella.

Según Álvaro, toda la actividad de Invercaria, que no concede ayudas sino préstamos ordinarios y participativos, y que participa en el capital social de empresas que han surgido en las universidades andaluzas, está auditada por la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la Intervención General, y por la empresa Price Waterhouse, además de que todos sus fondos están aprobados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Invercaria es «absolutamente transparente» y las comparaciones con el caso de los ERE fraudulentos «son erróneas, nada que ver», insistió Álvaro, quien señaló que «el nivel de fallidos de Invercaria es inferior a otras sociedades de capital riesgo», que cifró en el 15 %.

Cantos ha enviado la grabación, en la que él conversa con Gómez, a la titular del Juzgado número 5 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades de los ERE fraudulentos. En esa grabación, supuestamente, Cantos recibe presiones de Gómez para que redacte informes con fechas y datos falsos sobre la actividad de Invercaria con empresas.

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, se sumó también a la teoría de la manipulación en las cintas. Lo señaló anoche en un acto público en Sevilla, al afirmar que el PP está «envileciendo» la campaña electoral porque tiene «miedo» de perder por cuarta vez, para lo que incluso está utilizando «cintas manipuladas». «El PP está envileciendo la campaña electoral -denunció- y lo hará permanentemente, no os arruguéis. Lo hace y lo seguirá haciendo incluso utilizando cintas manipuladas con ciertas complicidades».

El PP abre en cambio un nuevo frente para el acoso político al presidente andaluz, a quien Sanz ha pedido que asuma responsabilidades políticas por el «fraude generalizado» en la concesión de subvenciones desde la Junta a empresas de familiares y allegados del PSOE. Para Sanz, el caso de Invercaria sería similar al de los ERE y no se limitaría a la acción de «cuatro golfos», como lamentó que defiende la Junta, porque en ambos casos sus prácticas las conocía la agencia Idea, de la administración andaluza y en la que «se sientan» dos consejeros.

Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, aseguró que un informe de la Cámara de Cuentas ya anunció hace varios meses que se estaban produciendo «ilegalidades» en la empresa pública Invercaria y denunció que algunos departamentos de la Junta están actuando «con tintes de mafia napolitana».