EL PRELUDIO DE LA TORMENTA

La imagen de grupúsculos violentos en Barcelona y Valencia no logra alterar el paso de los miles de alumnos que han salido a la calle en España para protestar o, por los recortes en educación o, precisamente, para rechazar la agresividad con que fueron dispersadas algunas de las marchas que tuvieron su origen en la falta de calefacción de un instituto valenciano. Un germen que amenaza con provocar una revuelta paralela a las movilizaciones de los sindicatos contra la reforma laboral acordada por el Gobierno.

Lo más preocupante para los análisis gubernamentales es que esto no ha hecho más que empezar, es el preludio de la tormenta. Las protestas de las últimas semanas son la respuesta al ajuste del gasto en Cataluña, el recorte de 9.000 millones de euros acordado por el Gobierno el 30 de diciembre y la puesta en marcha de la reforma laboral. Sin ser recortes menores, falta la parte del león. Para alcanzar el objetivo de déficit de 5,8% del PIB, el Consejo de Ministros va a tener que hacer este año ahorros de entre 15.000 y 20.000 millones, según calculan en los Ministerios de Economía y de Hacienda. Buena parte de ese 'tijeretazo' aflorará con los Presupuestos y el Gobierno no lo esconde. Tanto Mariano Rajoy como la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría han admitido que vienen más «sacrificios» y que serán más «duros».

El Ejecutivo aún tapa sus cartas, pero el 30 de marzo, con los Presupuestos, mostrará los naipes. Sobre la mesa está otra subida de impuestos, esta vez el IVA y los especiales sobre el tabaco, alcohol y carburantes, el aumento de las matrículas universitarias y fórmulas de copago en la Sanidad. Todo ello sin descartar nuevas congelaciones o rebajas salariales de los funcionarios y hasta despidos en el sector público. Es la tormenta que viene.

Los efectos de las revueltas estudiantiles han pillado al Gobierno con el pie cambiado. A Rajoy no le importó confesar en Bruselas que la reforma laboral le iba a «costar una huelga general». Un comentario con el que dejó claro a sus colegas europeos que las manifestaciones o las huelgas no le van a doblar el brazo.

El amplio argumentario que elaboró el Ejecutivo para replicar a los agentes sociales por «no preocuparse» por los 5,3 millones de personas sin empleo, que rozarán los seis millones en este año, según cálculos del Gobierno, se quedó en papel mojado a la hora de contrarrestar las movilizaciones de los estudiantes que despiertan más simpatía ciudadana que los sindicatos. «Detrás de cada alumno hay un padre y un abuelo preocupados porque los jóvenes no van a disfrutar del mismo bienestar que ellos», explica Ignacio Urbizu, profesor de Sociología en la Universidad Cumplutense de Madrid.

Los tambores de guerra de las centrales gremiales, con una huelga general el 29 de marzo en el horizonte, obtienen del Ejecutivo y del PP una respuesta medida. «Algunos se quejan por medidas duras. Cuando tomamos medidas difíciles, pensamos en quienes peor lo pasan», expuso Rajoy durante el congreso que su partido celebró en Sevilla. Las protestas sindicales preocupan menos en la Moncloa porque siguen el mismo patrón desde 1978 y su eco social ha demostrado ser decreciente.

Pero el presidente titubea ante las protestas estudiantiles. Más allá de pedir «calma y sentido común» para evitar dar una imagen de España «que no se corresponde con la real», apenas ofrece argumentos para arrebatar la razón a los universitarios y alumnos de secundaria.

Desde el PP se analiza este rebrote estudiantil como un segundo brote del Movimiento 15M. «Y eso es algo nuevo porque es la izquierda movilizada, pero sin la mediación ni de los sindicatos ni de los partidos», indica un miembro del comité ejecutivo del PP.

Rajoy siempre presume de que aprende de los errores. Y la historia reciente de España demuestra que el PP no ha sabido gestionar bien la presión social en la calles. El ejemplo más rotundo se produjo tras los atentados del 11 de marzo de 2004, las movilizaciones contra la guerra de Irak o las protestas por la mala gestión del desastre del 'Prestige'. En cualquier caso, esta es una cuestión que preocupa tanto en la Moncloa como en la sede de la calle Génova.

El primer toque de atención se produjo en Valencia, y de ahí la tensión se desplazó esta semana a Barcelona. Las temidas imágenes de fuego en las calles, vandalismo y enfrentamientos con la Policía saltaron a los medios de comunicación internacionales. Una de las obsesiones de Rajoy es evitar que las protestas deriven en disturbios y acaben asemejándose a las algaradas de Atenas. Un temor que no es estético sino económico porque tiene repercusiones en los mercados y en las inversiones.

No es Grecia

«No se puede comparar a España con Grecia, en primer lugar porque Grecia es un país intervenido política y económicamente que ha perdido su autonomía presupuestaria y política», comenta Urquizu. Desde el PP se comparte esta tesis. Insisten en que los incidentes en el país heleno siguen las directrices de los sindicatos, mientras que el patrón de los «herederos del 15M» es aún una incógnita que causa «desconcierto». El Gobierno no es el único que se la juega en la oleada de protestas que se avecina. El PSOE mide sus fuerzas en un delicado equilibrio entre respaldar las movilizaciones sin que se extienda la convicción de ser el instigador de las mismas. Juega a ser al mismo tiempo una alternativa de gobierno pero que no rehúye la pancarta. Francesc Vallés, coordinador del PSC en el Congreso, niega la mayor. Su partido no induce revueltas, pero tiene claro que debe estar «al lado de los que se manifiestan porque la educación pública en este país es un mérito de los que se movilizan y es algo que hemos defendido durante la democracia».

Vallés reconoce que otros de los motivos para que los socialistas «estén ahí» es porque los recortes que ha puesto y pondrá en práctica el PP van a generar frustración ciudadana. Augura que mucha gente va a buscar «un referente político de izquierdas», y ese es el PSOE.

El Gobierno intenta procesar la información para ofrecer una respuesta proporcionada a este fenómeno que, según fuentes del PP, «nos desconcierta». Señalan que ni el PSOE acertó «dando carta blanca» a los acampados del 15M ni el Gobierno de Rajoy ha logrado dar con la tecla de la respuesta. El sociólogo Urquizu aconseja sentarse a negociar. «Estamos hablando de jóvenes que suelen tener portavoces y representantes». Lo peor que puede hacer el Gobierno, añade, «es lo que está haciendo, ordenar cargas policiales contra menores».

El socialista Vallés, por su parte, recalca que el Ejecutivo «se equivoca manipulando las cifras de manifestantes y el trasfondo de esta corriente». Vaticina que los profesionales y usuarios de la sanidad serán los siguientes, aunque cree que la reforma laboral será la que saque más gente a la calle.