Un nuevo regulador para viejos problemas

La vicepresidenta del Gobierno vendió la idea con la justificación del ahorro de costes. La nueva Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que se creará en breve y aglutinará tareas de los actuales reguladores de la energía, las telecomunicaciones y la competencia, entre otras, reducirá de 52 a 9 el número de consejeros. Con la desaparición de los vigentes organismos se economizarán 4 millones en sueldos y retribuciones, defendió Sáenz de Santamaría.

Los reguladores se ocupan, en esencia, de velar por el buen funcionamiento de los mercados en una serie de sectores donde las empresas tienen un considerable poder y es importante velar para que no se produzcan irregularidades en su actuación. Los suministros de gas, electricidad, hidrocarburos, y telefonía, entre otros, están sometidos a supervisión previa. Por añadidura, la prestación de todo tipo de servicios ha de realizarse en libre competencia, y se persiguen a posteriori los pactos de precios y otras prácticas anticompetitivas.

El Ejecutivo ya ha enviado su proyecto a los actuales reguladores, para que conozcan de primera mano la forma en que se harán el 'harakiri'. Bautizado como Comisión Nacional de Mercados y Competencia, el nuevo y único regulador, adscrito al Ministerio de Economía, ya no tendrá funciones como la de abrir expedientes por prácticas anticompetitivas (una tarea en la que se había esmerado en los últimos tiempos, que recuperará el departamento dirigido por De Guindos). Tampoco decidirá si autoriza o veta las adquisiciones de empresas energéticas que desarrollan actividades reguladas, o la venta de activos considerados estratégicos, una competencia que recaerá en Industria. Este ministerio establecerá los precios de la interconexión entre operadoras de telecomunicaciones.

La razón última de estos cambios no parece ser el ahorro que supondrán para las cuentas públicas. Tanto la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT)como la Comisión Nacional de la Energía (CNE) se financian con creces a través de las tasas impuestas a los operadores y trasladadas después a los precios finales que pagan los consumidores y usuarios.

Sueldos

En 2010, la CMT tuvo ingresos de 40 millones y gastos por importe de 19,4 millones, de los que 10 millones se destinaron a nóminas. En ese mismo año, la CNE se embolsó 35 millones por su gestión ordinaria, y pagó 27,5 millones, 14,1 millones en concepto de sueldos.

La Comisión Nacional de Competencia (CNC) vive, por el contrario, de las transferencias y subvenciones. Las tasas por prestación de servicios y actividades apenas representaron en 2010 el 3% de unos gastos que se elevaron a 12,3 millones, de los que 9,9 millones correspondieron a sueldos y salarios.

¿Por qué se plantea desmantelar el sistema de reguladores, si habrá que pagar a los funcionarios que desempeñen estas tareas una vez integrados los organismos?

El Gobierno ha citado el ejemplo de Europa, pero no hay constancia de que existan entes similares al que ahora se propone en otros países del área. La oposición ya daba por seguros los cambios. La composición de los consejos de los reguladores se ha visto siempre lastrada por un sistema de designación que reproduce el equilibrio -o desequilibrio- de las fuerzas parlamentarias. Pero la duración de los mandatos forzaba una difícil coexistencia tras los relevos en La Moncloa. El PP ni siquiera quiso incorporar representantes a la CNE cuando le llegó la vez, porque alimentaba el proyecto de modificarlo todo.

Había pistas previas de los cambios, no solo por los anuncios del presidente Rajoy en el debate de investidura, sino porque Telefónica encargó a PWC un informe, en cuyas conclusiones se ha inspirado el Gobierno para la reforma.

Argumentó la consultora que, siendo la innovación elemento clave para la transformación del sistema productivo y la competitividad de la economía, «existe evidencia de que los incentivos a innovar pueden verse afectados de forma negativa por la regulación», que introduce «rigideces que pueden retrasarla y obstaculizarla». Por ello propuso constituir una Comisión con un único consejo, integrado por 7-9 miembros, nombrado por el Gobierno, previa aprobación del Congreso, por un mandato de duración superior al de la legislatura (5-7 años) no renovable.