Hacienda inspecciona a 1.436 artistas, deportistas de élite y profesionales

Los deportistas de élite, artistas y profesionales liberales -categoría que engloba actividades colegiadas que generan ingresos altos y pueden desarrollarse por cuenta propia- están este año bajo vigilancia especial del Ministerio de Hacienda. El Plan Anual de Control Tributario, que incluye la estrategia oficial de lucha contra el fraude, sitúa a estos colectivos en el punto de mira de los inspectores, que extremarán el control para descubrir rentas no declaradas o gastos ficticios que puedan dar lugar a deducciones indebidas.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha incluido el control sobre los colectivos de profesionales, deportistas y artistas bajo el epígrafe de lucha «contra el fraude que genera alarma social». Su estrategia, explicó la directora general de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, es perseguir el empleo de facturas falsas, la no facturación por bienes y servicios y la utilización de «formas societarias abusivas» para eludir pagos al fisco. Hacienda realizará 1.436 inspecciones sobre estos contribuyentes en 2012, un 14% más que el año pasado, detalló Viana.

El plan publicado en el Boletín Oficial del Estado obliga a la Agencia Tributaria a «intensificar» las investigaciones sobre estas personas. Los inspectores podrán echar mano de la información que obra en su poder «sobre actividades u operaciones en las que hayan intervenido o sobre los signos externos de riqueza que revelen». También analizarán los gastos declarados, al objeto de comprobar su «coherencia y proporcionalidad».

Serán «objeto de atención preferente» artistas, deportistas, profesionales con ingresos no sometidos a retención a cuenta y sospechosos de declarar como gastos derivados de su actividad partidas que en realidad son pagos de índole personal. Es decir, Hacienda pondrá un cuidado exquisito en revisar los gastos declarados que puedan dar lugar a deducciones -de IVA, por ejemplo- y obligará a tributar por los que no tengan relación con la actividad realizada (como pueden ser compras de inmuebles, vehículos o vestuario para uso particular).

Junto a artistas y deportistas, este año volverán a estar bajo el foco inspector abogados, médicos, notarios, arquitectos, profesores u otros especialistas que trabajen por cuenta propia. El texto extiende la vigilancia a los «empresarios individuales con alta capacidad para ocultar sus ingresos en la medida en que sus actividades se dirijan principalmente a consumidores finales y no a otros empresarios o profesionales». En este caso el objetivo es hacer aflorar los ingresos en negro.

Alquileres

El plan también pondrá a la Agencia Tributaria a buscar alquileres de casas y locales no declarados. Para ello cuenta con los datos de consumo eléctrico correspondientes a 35 millones de inmuebles de toda España, que cruzará con las declaraciones de IRPF y los datos del catastro. El plan gubernamental anuncia «una intensa campaña de control de viviendas y locales comerciales» para descubrir «aquellos en los que, pese a existir indicios relevantes de su uso cotidiano por personas físicas o jurídicas distintas de sus propietarios, no son declarados como arrendados». Hacienda pondrá «el máximo empeño» en encontrar rentas ocultas en los paraísos fiscales. La Agencia Tributaria dispondrá desde este año de información relevante de residentes con cuentas, fundaciones o entramados en Suiza, Andorra, Panamá, Bahamas y Antillas Holandesas. Este avance es fruto de los acuerdos firmados, bajo parámetros OCDE, con países antes considerados paraísos fiscales.

La Agencia Tributaria también pondrá el foco sobre el contrabando de tabaco. Hacienda ha notado una caída de los ingresos derivados de los gravámenes de este producto que no se corresponde con la evolución del consumo y un incremento de las mafias. Entre enero y febrero se aprehendieron 3,5 millones de cajetillas de tabaco ilegal, frente a un millón en el mismo período del año pasado.

El plan incluye iniciativas para lograr que las deudas tributarias lleguen a ingresarse en las arcas públicas. Para ello aprovechará «al máximo» las posibilidades de embargo preventivo y se plantea «incluso a solicitar el ingreso en prisión de quienes incumplan sus obligaciones de pago sin ser insolventes».