Nadie cumple el déficit

El Gobierno desveló ayer uno de sus secretos mejor guardados, el saldo presupuestario de la economía española en 2011, que muestra un déficit del conjunto de las administraciones públicas del 8,51% del PIB, equivalente a 91.344 millones de euros.

Ese resultado empeora todas las estimaciones realizadas por el equipo de Mariano Rajoy desde su llegada al poder, pues supone una desviación de 2,51 puntos sobre el objetivo fijado del 6%. Y lo que es más preocupante, evidencia que los incumplimientos del programa de consolidación fiscal se produjeron en 2011 en todos los niveles de la administración.

Los datos adelantados por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, dejan claro que el año pasado nadie cumplió el déficit. Todos los entes comprometidos con la estabilidad presupuestaria -ayuntamientos, comunidades autónomas, administración central y seguridad social- gastaron más de lo que debían e ingresaron menos de lo que preveían, de ahí los abultados números rojos.

La desviación más significativa, de 1,64 puntos, la padecieron como era de esperar los ejecutivos regionales, que cerraron el año con un déficit total del 2,94% -porcentaje que supone 31.541 millones de euros- frente al 1,30% establecido como límite máximo. La administración central se alejó de sus metas en 0,30 puntos de PIB. Sus números rojos fueron del 5,10% (54.739 millones de euros) frente al 4,80% estimado.

Entre las corporaciones locales el déficit fue del 0,38%, lo que equivale a 4.069 millones, ocho centésimas más que el 0,30% previsto. Peor le fue a la Seguridad Social, cuyas cuentas arrastran ya un déficit del 0,09% (995 millones de euros), frente al superávit del 0,40% esperado por el anterior gobierno. Montoro consideró esta última desviación particularmente «inquietante» porque de este organismo depende el sistema público de pensiones.

Los datos adelantados por el Ministerio de Hacienda y remitidos ayer mismo a la Comisión Europea reducen el margen de maniobra del Ejecutivo de cara a la redacción de los Presupuestos para 2012, que Mariano Rajoy se prometió presentar el 30 de marzo. Y ensombrecen aún más el horizonte para millones de ciudadanos españoles, que deberán de prepararse para los nuevos ajustes que anunciará el Ejecutivo cuando decida presentar sus cuentas.

Tijeretazos

Cristóbal Montoro echó mano del saldo presupuestario para justificar los tijeretazos ya realizados por el Ejecutivo popular y que no figuraban en su programa, en particular la subida del IRPF que empezarán a notar millones de asalariados en sus nóminas de este mes. «Esta es la razón por la que el Gobierno tomó decisiones en sus primeros días de mandato relativas a unos 9.000 millones de restricción de gasto y 6.000 millones de subida de impuestos».

Explicó que los datos «confirman que estábamos ante una desviación que exigía una acción rápida y contundente» y justifican la necesidad de dotar al país de una ley de estabilidad como la que está en fase de tramitación.

El responsable de Hacienda se negó a contestar a las reiteradas preguntas sobre los recortes que están por venir. «Está claro que no se lo voy a decir», fue su respuesta al ser interrogado sobre la magnitud del ajuste que deberá de realizar la economía española en 2012 para volver a la senda de estabilidad.

Un ajuste cuya cuantía los analistas elevan a 40.000 millones si Bruselas ignora los deseos de España y de otros países del euro de suavizar los objetivos de déficit para este año. Con el programa vigente a día de hoy España estaría obligada a hacer un esfuerzo titánico para reducir sus números rojos al 4,4% de su PIB.

Montoro tampoco quiso dar detalles sobre el grado de presión que ejercerá el Ejecutivo para lograr esa relajación. «No aspiramos a flexibilizar». «Vamos a promover la estabilidad cuanto antes, con una senda creíble», subrayó.

El ministro evitó en todo momento echar la culpa a las comunidades autónomas -casi todas gobernadas por el PP- del nefasto saldo presupuestario de 2011. Sin embargo, los números dejan claro que ellas fueron las que presentaron las mayores desviaciones respecto de los objetivos. Sí fue claro a la hora de identificar al anterior gobierno socialista como culpable. Afirmó que si alguien busca responsables de lo sucedido debe «mirar a quienes habitaban esta casa hasta 2011», en alusión al equipo de Elena Salgado, que dirigió la política económica hasta casi finales de año.

Decidido a descargar todas las culpas sobre el equipo de José Luis Rodríguez Zapatero, el actual responsable de Hacienda subrayó que los últimos años fueron «de una enorme confusión» y de «presupuestos incumplidos».

Ahora, señaló, el gabinete de Rajoy está «haciendo una depuración» y promueve «una senda de estabilidad creíble». Subrayó que el escenario económico «ha cambiado» y que en un entorno de recesión es fundamental impulsar políticas que fomenten la vuelta al crecimiento económico y a la creación de puestos de trabajo.