Egipto sienta en el banquillo a las ONG extranjeras

El juicio que ha puesto a prueba una de las relaciones hasta ahora más sólidas, la de Egipto y Estados Unidos, comenzó ayer en El Cairo. Las repercusiones del proceso contra 43 trabajadores de ONG extranjeras de derechos humanos que operan en el país árabe pueden tener consecuencias en toda la región, ya que el Gobierno cairota y la junta militar siguen agitando los fantasmas de la «conspiración extranjera», que ha desatado una oleada de suspicacias y antiamericanismo entre muchos egipcios. Ninguno de los cooperantes acusados acudió ayer al juicio, que ha sido pospuesto al próximo 26 de abril.

Los imputados, entre los que hay estadounidenses, serbios, alemanes, egipcios, palestinos o noruegos, son acusados de recibir fondos extranjeros para llevar a cabo actividades ilegales y de crear y gestionar organizaciones sin tener permiso del Gobierno. Desde que las ONG fueran investigadas, a finales de año pasado, la prensa oficialista ha iniciado una feroz campaña contra estos organismos, que se dedican fundamentalmente a la formación de partidos políticos y a la observación de elecciones. Han sido tachados de espías y de instigar la violencia que se ha desatado periódicamente desde la revolución del 25 de enero.

Según el sumario del juicio, al que Al-Yasira ha tenido acceso, la ministra de Planificación y Cooperación Internacional, Fayza Abu el-Naga, principal impulsora del proceso y una de las únicas supervivientes de la era Mubarak en el Gobierno, acusa a los imputados de trabajar en coordinación con la CIA. Algunos de los testimonios del sumario son aún más sorprendentes, como el de un teniente coronel del Ministerio del Interior que les acusa de «adoptar» las causas de los nubios y los coptos en Egipto para crear «conflictos sectarios y raciales». Paradójicamente, El-Naga no solo gestiona los fondos de cooperación que cada año envía Estados Unidos, sino que se ha quejado en el pasado por que estos se hubieran reducido.

Desviar la atención

Desde la revolución del 25 de enero, los fondos de algunas de estas organizaciones -entre las que se encuentran el Instituto Internacional Republicano, Freedom House, el Instituto Nacional Demócrata o la fundación Konrad Adenauer- se han disparado, desatando las sospechas del Gobierno egipcio, que quiere controlar a qué programas se destinan. Algunos observadores cercanos al Ejecutivo han llegado a sugerir sin ningún tipo de rubor -ni pruebas- que el incremento en los fondos hace sospechar que los enfrentamientos que han tenido lugar en los últimos meses entre manifestantes y fuerzas de seguridad estaban financiados.

Solo 14 de los acusados acudieron ayer a la vista, ninguno de ellos extranjero. La sesión fue caótica. Uno de los fiscales llegó a pedir la pena máxima, a pesar de que aún no se ha comenzado a ver o escuchar las pruebas, y otro sugirió que se intercambiara a los acusados -ninguno de los cuales está por ahora detenido- por el «jeque ciego», Omar Abdelrahman, encarcelado en EE UU por terrorismo. Seguidores del jeque pedían lo mismo a las puertas del tribunal. Algunos ven en el juicio un intento de desviar la atención de la forma en la que se está llevando a cabo la transición egipcia y de rebajar la presión sobre la junta militar. El aplazamiento del proceso puede ayudar a buscar una solución diplomática a la crisis, algo que hasta la fecha ha fracasado.