«Los jueces aplicamos la ley haya o no cese definitivo de ETA»

El magistrado vizcaíno (Bilbao, 1962) atiende el viernes a última hora por teléfono. Su voz suena cansada tras una larga jornada en la que se ha visto «empachado» de afecto y felicitaciones tras haber sido nombrado el jueves presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, puesto en el que sustituye a Javier Gómez Bermúdez.

-Su nombramiento se ha producido por tan solo dos votos de diferencia, ¿cómo lo interpreta?

-Simplemente ha habido dos proyectos serios sobre la mesa y los vocales han tenido que primar uno.

-¿No le resta cierto valor que la elección se haya producido por la mínima, por los once votos necesarios?

-No tendría por qué, aunque yo soy la persona menos indicada para hablar de eso. Creo, espero y me gustaría suponer que los dos proyectos eran muy buenos y que por eso ha costado elegir.

-¿Teme que pese sobre su nombramiento el hecho de que la mayoría de los votos fueran del sector conservador?

-No puedo hacer ningún comentario sobre eso. Los veinte vocales del Poder Judicial y su presidente son profesionales y no creo que se les pueda tildar en un sentido o en otro. Como órgano de gobierno de los jueces, saben lo que conviene en cada momento a la Administración de Justicia.

-¿Cuáles serán sus primeros pasos como presidente de Sala?

-Lo primero, tener un conocimiento real de la situación de todos los asuntos. Y luego, trabajar en coordinación con el resto de magistrados de la Sala de lo Penal. Me preocupa la situación de las ejecutorias de sentencias. Ocurre en todos los juzgados, no solo en la Audiencia Nacional; es un mal endémico de la Administración de Justicia. Creemos que nuestra función concluye al momento de dictar sentencia. Pero si no se ejecuta en sus términos y en un tiempo adecuado esa es también una forma de no hacer justicia. Y al margen de eso, preparar la Sala para la constitución de la nueva oficina judicial y del expediente digital.

-En ocasiones se ha hablado de que en la Audiencia se peca de estrellato y de cierta carencia de meticulosidad.

- Tampoco es eso. Sí que ha habido un problema últimamente de que hemos tenido un índice de revocación de sentencias más importante que en otros órganos judiciales. Pero también hay que tener en cuenta la complejidad de los asuntos que son competencia nuestra. Debemos trabajar duramente para que nuestras sentencias sean revocadas en el menor número posible y así generar seguridad jurídica.

Plantar cara al terrorismo

- Le va a tocar a usted dirigir la Sala que se encargará, en principio, de enjuiciar a los últimos miembros de ETA.

-Ojalá que realmente sea así. Han sido muchos años de mucho sufrimiento para el conjunto de la sociedad. Creo que es factible que veamos eso dada la realidad actual, pero ha sido consecuencia de la lucha denodada durante mucho tiempo del conjunto de la sociedad y de las instituciones, fuerzas de seguridad del Estado, fiscales, jueces.... y la sociedad en general que ha plantado cara al fenómeno terrorista.

-¿Qué fue lo primero que pensó el 20 de octubre tras el comunicado de ETA?

-Pues que era un paso más.

-¿Lo celebró?

-Fue un momento de alegría, pero como lo fueron otros momentos que luego se frustraron. Siempre recuerdo que la mayor alegría que he sentido como vasco fue la de la tregua de 1998. Y cuando se frustró fue un golpe muy duro. A partir de entonces sigues valorando lo que ocurre pero ya en su justa medida. Siempre de forma positiva, eso sí.

-¿La declaración de cese definitivo de ETA puede cambiar en algo la forma de proceder de los jueces?

-Eso nunca. Lo único que condiciona nuestro proceder es la ley y que para su aplicación concurran unos determinados factores y hechos. A determinados hechos se les aplica una concreta norma. El que exista un cese definitivo no está previsto en la ley para ningún tipo de aplicación distinto de la ley. Los jueces aplican la ley haya o no una tregua.

-¿Caben medidas excepcionales para los etarras en activo, para favorecer que dejen las armas?

-Mientras se les imputen delitos concretos deberán ser sometidos a un juicio siempre que los delitos no estén prescritos.