Denuncian presiones a las pedanías para que acepten la venta de Ajemsa

Presiones y extorsión. De eso acusaron ayer los ediles del PSOE en Jerez al gobierno municipal por la actitud que, según denuncian, están manteniendo para obligar a las pedanías a aceptar la privatización de Aguas de Jerez, así como el reparto de dinero que el PP ha calculado que les correspondería del canon de la concesión.

Fue el portavoz del PSOE, Francisco Lebrero, el que denunció ayer estas presiones a los alcaldes pedáneos, a los que dijo que no se ha consultado hasta ahora y tampoco se les ha dado más tiempo para contestar que hasta mañana viernes.

Según Lebrero, lo que se está produciendo es una especie de carrera a doble vuelta, «ya que primero se ha ido visitando el territorio cantando las bondades de este sistema de privatización sin convencer a nadie y, en segundo lugar, se ha iniciado un proceso más discreto pedanías por pedanía para conseguir que muestren su acuerdo».

Y es que, según criticó ayer el portavoz socialista, al PP se le había olvidado que las pedanías son competentes en la distribución del agua en baja en sus respectivas localidades y por eso ha sido ahora, una vez tomada la decisión, cuando se ha abordado el tema con las entidades locales para conseguir que muestren su conformidad.

Pero Lebrero fue más allá e incluso denunció que se haya utilizado la asfixia económica que atraviesan las pedanías para presionarlas «enseñándoles el caramelo» y que así acepten las cantidades económicas que le ofrecen por la venta de Ajemsa, por lo que acusó al PP de actuar como «asustaviejas políticos». Así, explicó que de los 85 millones de euros que el Ayuntamiento va a percibir por la privatización del agua, descontando 15 millones de amortización de bienes materiales y la devolución de Ajemsa 31 millones, lo que se le ofrece a las pedanías son 5,6 millones. A esta última cantidad hay que restarle, además la amortización de las inversiones, con lo que el dinero total a percibir se reduce a 2,5 millones a repartir entre las siete pedanías, pese a que «estas inversiones normalmente la han hecho las entidades locales». «Esto es como el chocolate del loro, si me firmas te doy 5,6 millones, pero si no me firmas no te voy a dar nada o te voy a descontar dinero, con lo que no se cubre si quiera el déficit en el que están sumidas», añadió. Para el socialista, todo esto no solo es una «irresponsabilidad», sino que reprochó que «supone continuar con la asfixia económica de las pedanías y es una falta de respeto a las competencias de las entidades locales».

En esa denuncia profundizó ayer, Javier Contreras, alcalde de Nueva Jarilla, que criticó la improvisación con la que el gobierno está actuando con las pedanías en este proceso, unas prisas que «nos han dejado sin margen para estudiar bien la situación y poder encontrar soluciones alternativas como buscar nosotros otra empresa que preste el servicio o crear un consorcio».

Contreras explicó que el gobierno local les había comunicado en una reunión conjunta lo que le corresponde a cada ELA por la venta de Ajemsa sin más posibilidades de negociación, y sin tener en cuenta «que las obras en cada población las hemos hecho con fondos propios». Ahora, tras el rechazo conjunto -salvo de La Barca, gobernada por el PP- los contactos se están manteniendo pedanía por pedanía. Según se quejó, las pedanías se encuentran en una difícil tesitura «porque no sabemos qué hacer y la cuestión es que o firmamos o nos quedamos fuera, con lo podría pasar que el abastecimiento del agua solo llegue a la entrada del pueblo».