Seis altos cargos de Empleo aparecen ya como imputados en el caso de los ERE

La jueza Mercedes Alaya dictó ayer un auto en el que comunica la imputación del exconsejero de Empleo Agustín Barberá en el caso de los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos. Con él, son ya seis los cargos de la Consejería de Empleo de la última década, cuatro de ellos fuera de ella en la actualidad, los que aparecen como imputados en el escándalo.

La lista se puede alargar en los próximos días. En el auto, donde se vuelve a reprochar a la Junta falta de colaboración en el envío de información solicitada, la magistrada dice que la imputación deriva de la declaración ante la Guardia Civil del exdirector general de Trabajo Javier Guerrero. Este fue interrogado por segunda vez por la Unidad Central Operativa (UCO) la noche del martes. En su informe a las partes, la Guardia Civil sostiene que el exconsejero de Empleo José Antonio Viera «jugó un papel esencial» en la adjudicación de las ayudas presuntamente fraudulentas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla. Una aseveración que avisa de la posible imputación del diputado del PSOE en el Congreso y hasta hace dos semanas secretario provincial de este partido en Sevilla.

Una imputación que algunas fuentes prevén para los próximos días. Los acusados por la magistrada hasta ahora son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, los exdirectores generales de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez, el actual en este cargo, Daniel Rivera, y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Ninguno de ellos ha prestado declaración aún ante la jueza.

Mañana iba a hacerlo Javier Guerrero, considerado el principal implicado en la trama. Sin embargo, la magistrada ha aceptado su petición de aplazamiento de la declaración y lo ha citado en su despacho del juzgado número 6 de Sevilla el próximo día 7 de marzo, dos días antes del comienzo de la campaña electoral. Cinco días antes del 25 de marzo, fecha de los comicios, deberá comparecer ante Alaya el exchófer de Guerrero Juan Francisco Trujillo, quien declaró al Juzgado de Andújar que parte de los 900.000 euros que recibió en ayudas para sus empresas de la Consejería de Empleo lo gastó en droga y fiestas con su antiguo jefe.

Viera, promotor de ayudas

La Guardia Civil subraya en su informe entregado a la jueza que Viera «no sólo tenía conocimiento de todas las ayudas a empresas que se concedían a las mercantiles de la Sierra Norte, sino que especialmente fue el que promovió las ayudas» a Matadero de la Sierra Morena, SAT Virgen del Espino y Almazara del Guadalcanal. Matadero de la Sierra Morena pertenecía a José María Sayago y a José Enrique Rosendo Ríos, exconcejales socialistas, y este último hijo del exalcalde de El Pedroso Rafael Rosendo, uno de los intrusos de las prejubilaciones falsas.

La UCO recuerda que investiga una parte importante de las ayudas realizadas por la Consejería de Empleo a empresas de la Sierra Norte desde 2000 a 2010 en las que Viera «jugó un papel esencial» y anuncia un informe sobre el resultado de esta indagación.

La citada comarca, con una población de apenas 30.000 habitantes, recibió 30 de los 60 millones de euros otorgados por la Junta en ayudas directas a empresas entre 2001 y 2008. El grupo Sayago recibió 15 millones.

En su declaración ante la Guardia Civil, Guerrero señala a Viera como promotor de las ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla. Manifiesta que Viera tenía relación de «simpatía» con algunos de los empresarios a los que le fueron concedidas ayudas, que visitaba la zona porque su compañera trabajaba allí como ATS, que incluso «iba allí a cazar» y que tenía amigos maestros destinados en la comarca.

Sobre el interés de Viera en que se atendiera la zona, el exdirector general relata una reunión en la cafetería del Parlamento, en la que él y el exdelegado de Empleo Antonio Rivas «pusieron reticencias a las ayudas que se concedían» a las empresas de Sayago, y el exconsejero «mandó callar a Antonio Rivas y les dijo que eso era así».

Imputación de Barberá

Agustín Barberá, abogado gaditano, fue viceconsejero de Empleo entre los años 2004 a 2010, coincidiendo con el consejero Fernández. La magistrada argumenta en el auto, al que ha tenido acceso este periódico, que Barberá «tendría conocimiento a la misma vez que el consejero de Empleo, Antonio Fernández, de la falta de legalidad en los procedimientos seguidos para la concesión de ayudas sociolaborales y de ayudas directas a empresas, así como de la ilícita concesión de ayudas individuales a personas del entorno personal y familiar de determinados cargos de la Junta de Andalucía». El exviceconsejero, que fue también delegado de Empleo en Cádiz, rehusó hacer declaraciones sobre este tema.

Sobre la nueva queja de la magistrada a la Junta por la dilación en el envío de papeles solicitados, el Gobierno andaluz emitió un comunicado en el que rechaza que se retrase la documentación y asegura que se enviará «con la mayor diligencia posible y en las mejores condiciones disponibles».

La secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, lamentó que la jueza Alaya «vuelve a interferir en una campaña electoral» al citar a los imputados en víspera de elecciones.