Rescate griego a cambio de soberanía

Trece horas ha durado la negociación de los ministros de Economía de la Eurozona hasta que se ha cerrado el acuerdo que facilita el rescate griego. Los dieciséis socios de Atenas han querido amarrar todos los extremos del gigantesco crédito de 130.000 millones de euros que soslaya la quiebra y la consiguiente salida de Grecia del ámbito de la moneda única.

Las condiciones del préstamo, cuya concesión ha caminado en paralelo a un nuevo incremento de la quita de la deuda al sector privado (ha pasado del 70 al 75% tras la amenaza de Bruselas de declarar el default y la pérdida de la totalidad de lo adeudado), son leoninas, e incluyen un recorte prácticamente total de la soberanía fiscal de Grecia, así como de buena parte de la soberanía política. Los grandes partidos helenos se han comprometido, en efecto, a respetar lo pactado sea cual sea la composición del gobierno, a no utilizar el rescate electoralmente, a no recurrir a la declaración de bancarrota como alternativa, a incluir la primacía de la deuda externa en la Constitución griega (como ya ha hecho España) y a honrar todos los compromisos financieros adquiridos, para lo cual una representación permanente de la troika supervisará in situ las finanzas nacionales.

Tras conseguir el acuerdo, el presidente del Eurogrupo, Jean Claude Junkers, ha asegurado con radiante optimismo que este segundo rescate "dará a Grecia el tiempo necesario para seguir una senda creíble de consolidación fiscal y reformas estructurales y permitirá su retorno al crecimiento sostenible y al empleo, al tiempo que preservará la estabilidad financiera en Grecia y en la eurozona en su conjunto". Es francamente dudoso que Grecia, que no ha salido de la recesión desde 2009, consiga regresar al crecimiento si no es poderosamente ayudada mediante nuevos estímulos fiscales comunitarios. Y no faltan quienes creen que los ciudadanos griegos hubieran salido beneficiados con la quiebra, que les hubiera supuesto una gran conmoción pero que les hubiera permitido resucitar con menos hipotecas (el caso de Argentina, que quebró a principios de este siglo y se repuso en dos años, está en la mente de todos).

La aventura griega conduce, de todos modos, hacia una conclusión de largo alcance: el fortalecimiento del Eurogrupo y su consolidación como potencia económica mundial requieren que esta cesión de soberanía a los órganos comunes se lleve a cabo en el conjunto de los Diecisiete, de forma que emerja una gobernanza única basada en la armonización fiscal del conjunto. Se llame o no ‘federalización’, el Eurogrupo, con su política monetaria dictada autónomamente por el BCE, ha de dotarse de una política económica y fiscal común. Y los acuerdos intergubernamentales en marcha, que consolidarán estos criterios, deben dar consistencia democrática a esta convergencia que tiene que formalizar una explícita soberanía común de los Diecisiete.