La UE abre la puerta al nuevo rescate de Grecia bajo una férrea vigilancia

La Eurozona dio ayer un paso decisivo para enterrar la devastadora crisis de la deuda soberana. Los 17 miembros de la moneda única tenían previsto aprobar el segundo rescate de Grecia tras semanas de negociaciones al límite. A instancias de Alemania, el salvavidas de 130.000 millones se desbloqueó a cambio de que Atenas aceptara un nivel de intervención desconocido que podría incluir la presencia permanente de una delegación comunitaria a la sombra del Gobierno. El bloque confía en que el acuerdo permita atajar de una vez por todas la inestabilidad en los mercados, imprescindible para poder pensar en la recuperación.

El nuevo rescate heleno, que se suma al de 110.000 millones aprobado en mayo de 2010, es en realidad un ejercicio de ingeniería financiera para hacer sostenible la deuda del país. El objetivo primordial pasa por lograr que el Gobierno heleno recupere las constantes vitales con unos pagos más desahogados a sus acreedores. Durante todas las discusiones, los cálculos han pivotado sobre la necesidad de que la montaña de bonos emitidos por Atenas -350.000 millones- se redujeran drásticamente al 120% del PIB en 2020. Este porcentaje se considera llevadero y aleja el fantasma de la temida bancarrota.

Con la reducción de la deuda nacional convertida en reto prioritario, los socios también necesitaban la participación de los acreedores privados. Por ello, en paralelo se ha negociado la aplicación de una quita. Ayer estaba previsto que se confirmara un acuerdo con este colectivo para rebajar en 100.000 millones los pagos helenos. Aunque se había pactado que el tijeretazo no superaría el 50%, el montante total alcanzará el 70% para compensar el agravamiento de la situación del país, cuyo PIB se desplomó un 7% en el último trimestre de 2011.

Pese al esfuerzo suplementario exigido a los inversores, la brutal caída de la actividad en Grecia trastocó todavía más las cifras perfiladas en un principio para el rescate. De hecho, se esperaba que el BCE aportara 11.000 millones extra para hacer cuadrar las cuentas. Este dinero procedería de su renuncia a cobrar los intereses de los 40.000 millones en bonos helenos. El salvavidas, sin embargo, todavía podría salirle más caro a la Eurozona. El FMI, que hasta ahora ha aportado un tercio de las ayudas, podría limitar notablemente su participación ante las quejas de los países emergentes.

Optimismo alemán

Los ministros de Economía llegaron a la reunión celebrada en Bruselas convencidos de que podrían poner fin a la pesadilla helena. Pese a las sonrisas esbozadas antes del encuentro, el acuerdo no fue fácil. Alemania, respaldada por Holanda y Finlandia, presionó hasta el final para que Atenas aceptara un nivel de supervisión sin precedentes concebido para controlar que los ajustes exigidos se llevan realmente a cabo. «Un país es soberano hasta cierto punto porque es muy importante que la comunidad internacional, cuando presta dinero, pueda controlarlo», resumió Jan Kees de Jager, ministro del ramo holandés.

Los miembros del Eurogrupo tenían distintas opciones. Una de las más llamativas consistía en desplegar de forma permanente una misión de la 'troika' formada por la UE, el BCE y el FMI. Hasta ahora, acuden a Atenas cada tres meses para evaluar los progresos y emitir un veredicto sobre la entrega de un nuevo cheque. Otra posibilidad contemplaba depositar el dinero del rescate en una cuenta bloqueda. Con esta herramienta, solo se pagarían los vencimientos de deuda y las partidas necesarias para el funcionamiento del Estado quedarían ligadas al cumplimiento de los ajustes. Por último, se daba por seguro que el Gobierno heleno debería aceptar una lista de 24 medidas de aplicación prioritaria.

Esta férrea supervisión del Ejecutivo heleno tiene su origen en el hartazgo de muchos socios por los retrasos e incumplimientos acumulados en los últimos meses. Para acceder al segundo rescate, los dos principales partidos helenos -socialistas y conservadores- han tenido que firmar una carta comprometiéndose a aplicar las reformas al margen de quien gane en las elecciones de abril.

Además, se exigió que se afinaran hasta el último detalle los 3.300 millones en recortes reclamados para este año. El Ejecutivo aprobó una nueva poda de las pensiones superiores a los 1.300 euros, que bajarán de media un 12%, para llegar a la meta marcada.