Reforma con diálogo

Las manifestaciones celebradas ayer en 57 ciudades españolas en contra de la reforma laboral, siguiendo la convocatoria de CC OO y UGT, fueron el reflejo de la desazón generada por el cambio normativo cuando el propio Gobierno reconoce que no servirá para crear empleo en el corto plazo. Junto al rechazo sindical a la reforma por considerarla «injusta, ineficaz e inútil» el Ejecutivo de Rajoy se enfrenta a la dificultad de demostrar que es «justa, buena y necesaria», como ayer la calificó el presidente. La convicción generalizada de que los beneficios de la reforma en términos de empleo se percibirán si acaso con la recuperación permite concluir que tan comprometida apuesta va orientada a la obtención de una mayor credibilidad financiera para España. Aunque eso depende también del grado de contestación social que suscite la reforma laboral o, desde otro punto de vista, de la capacidad que muestren las organizaciones sindicales y la oposición parlamentaria para promover un rechazo creciente entre la ciudadanía. La confidencia del presidente Rajoy pronosticando que daría lugar a una huelga general no contribuiría, de cumplirse, a reforzar la solvencia de España, puesto que ello no depende tanto de que el Gobierno actúe con firmeza y resolución sino de la asunción de los sacrificios que suponga la reforma por parte del conjunto de la sociedad. En su encuentro con Méndez y Fernández Toxo la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ofreció a los sindicatos la posibilidad de dialogar sobre aspectos técnicos de la reforma. Tras las manifestaciones de ayer el Gobierno cuenta con la oportunidad de atenuar la oposición social y política al cambio en las relaciones laborales durante su tramitación parlamentaria como proyecto de ley, mientras que los sindicatos tienen la necesidad de traducir su protesta en fórmulas de aproximación que pudieran mejorar la nueva norma. Pero ni CC OO y UGT -o el PSOE e IU- pueden pretender la revisión total de una iniciativa cuya eficacia depende de que, de entrada, permita a España recuperar crédito internacional, ni el Gobierno debería confiar en su poder de persuasión sin abrirse a un diálogo más que técnico al respecto.