«La economía sumergida y la solidaridad de este pueblo están amortiguando la crisis»

El gerente del Colegio de Economistas, Javier Fernández, indicó a este periódico que la razón principal por la que los andaluces aún no se han echado a la calle por la grave situación económica que están padeciendo es porque en esta región funciona la economía sumergida, y porque la «solidaridad» del pueblo andaluz hace que familias completas puedan subsistir con lo que ganan los pocos que todavía conservan su empleo. A esto hay que sumar las ayudas que en algunos casos otorga el Estado una vez que se acaba la prestación por desempleo, que unida a la aportación familiar permite a muchas personas capear el temporal y, al menos, sobrevivir.

Fernández también resaltó el hecho de que al inicio de la crisis los gaditanos tendían a intentar ahorrar todo lo que podían al ver lo que se les avecinaba. Ahora, el fenómeno comienza a invertirse, algo que también pone de manifiesto el Instituto Nacional de Estadística que situó la tasa de ahorro de las familias e instituciones sin ánimo de lucro en 2011 en un 19,8 por ciento, lo que representó un 4,3 por ciento menos que en 2010.

En la provincia hay más de 100.000 parados que han dejado de percibir prestaciones sociales. Un total de 8.214 gaditanos desempleados de larga duración que no reciben ningún tipo de subsidio podrán beneficiarse, a partir de febrero, de la prórroga del 'Plan Prepara', aprobada por el Gobierno central el pasado 30 de diciembre. De esta forma, los parados sin prestación, que se comprometan a recibir formación, cobrarán una ayuda excepcional de hasta 400 euros mientras asisten a cursos de inserción laboral durante seis meses más cuando finalice la vigencia actual del plan, el próximo 15 de febrero.

Por otro lado, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros (Adicae) ha anunciado que llevará a los tribunales a ocho entidades financieras por vender productos complejos a particulares sin informar sobre sus riesgos. Según esta asociación, las entidades financieras tienen bloqueados más de 30.000 millones de euros de las familias en forma de participaciones preferentes y otros productos de deuda subordinada que no pueden ser cancelados.