Un imputado como los demás

No habrá distingos, en principio. El sábado 25 de de febrero, Iñaki Urdangarin entrará por su propio pie en los juzgados de Palma de Mallorca. Como cualquier mortal llamado a declarar en calidad de imputado. En este caso, por actuaciones «no ejemplares», de acuerdo con el término que acuñó la Zarzuela para plantar cara a los desmanes del yerno antes tan encantador, ahora metido en graves aprietos.

Que Urdangarin cumpla la regla general, que establece que los 50 metros que median entre la acera y la puerta lateral del edificio se recorran andando, no es crucial. Pero sí resulta imprescindible que el rigor se aplique en todos y cada uno de los momentos del proceso. Desde el comienzo. Un rigor que no balsámico para el duque de Palma que beneficiará a la Corona española.

Durante el discurso del Rey en Nochebuena, fueron muchos los ciudadanos que escucharon con escepticismo su afirmación de que la «Justicia es igual para todos». Depende, pensaron como mínimo todos los que de inmediato pusieron el grito en el cielo a través de las redes sociales y después en los medios de comunicación. Pero, mientras Urdangarin se aplica en su defensa, la pulcritud que envuelva el proceso será un eficaz cortafuegos para salvaguardar el buen nombre de la monarquía parlamentaria, que el ex jugador de balonmano no respetó.

El juez instructor, José Castro, que investiga simultáneamente el conjunto del 'caso Palma Arena', no se anda con chiquitas. A pesar de las maniobras de descalificación desplegadas por el expresidente balear y exministro de Aznar, Jaume Matas, continúa su trabajo impertérrito. Las acusaciones de que tiene fobia al político afectado por serios delirios de grandeza, no le quitan el sueño. Como tampoco habrá condicionado al juez que Matas aproveche cualquier oportunidad para trasladar a Urdangarín más muertos que los que ya tiene en el armario. Porque José Castro es de esos jueces valerosos que, en realidad, forman tropel.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, también parece instalado en la buena dirección. Aceptó el cargo poniendo como condición 'sine qua non' a Mariano Rajoy que el Gobierno no le impediría actuar con total autonomía. Y en sus primeras declaraciones ha adelantado que se propone respetar las decisiones sólidamente razonadas que adopten sus subordinados. Así, ya se ha comprometido a no rectificar el acuerdo que adopte la Fiscalía del Supremo sobre si se debe recurrir o no la sentencia que condena al juez Baltasar Garzón a once años de inhabilitación por las escuchas a los abogados de la red Gürtel. Ahora, más que nunca, tiene que estar muy claro que la grandeza del Poder Judicial no puede ser manoseada por unos cuantos que confunden la independencia con la impunidad.