A la espera del 23-F

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene la vista puesta en el 23 de febrero. La presentación de los Presupuestos, la ley sobre la que pivotan las principales decisiones del Ejecutivo, depende de lo que ocurra en esa fecha en el ámbito comunitario. Está en juego un ajuste adicional que puede llegar a los 40.000 millones de euros en un año, y buena parte de esa reducción se reflejará en el recorte de gasto social y en las transferencias que reciben las comunidades autónomas para similares fines. La agenda de actividades de la Comisión Europea da cuenta de que, a la vista de la profundización de la crisis ocurrida en los últimos tiempos, el Ejecutivo comunitario publicará el 23-F unas previsiones económicas ampliadas, por las que «se actualizan las perspectivas de crecimiento, inflación y saldo presupuestario de las administraciones públicas en 2012 para los 27 estados miembros». La evolución reciente de la economía ha impuesto este calendario.

En noviembre del pasado año, Bruselas ya rebajó su estimación de aumento de la actividad en España para el actual ejercicio hasta el 0,7%. Ahora se da como segura una corrección a la baja, porque el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha previsto una caída del 1,7% del Producto Interior Bruto (PIB), y el Banco de España ha cifrado ese descenso en el 1,5%.

En estas circunstancias, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha marcado la fecha del 23 de febrero como referente. Cuando se hagan oficiales las proyecciones negativas, que supondrán la entrada en una nueva etapa de recesión, ¿tendría sentido exigirle a España una drástica reducción del déficit desde el entorno del 8% del PIB hasta el 4,4%?.

En la confianza de que este requerimiento se relaje, el Gabinete popular ha soportado todo tipo de presiones y se ha resistido a presentar un proyecto de cuentas públicas hasta semanas después de ese momento decisivo. La propuesta de techo de gasto irá al Congreso en las primeras jornadas de marzo, y a lo largo de ese mes se acoplarán los ingresos previsibles a los desembolsos imprescindibles.

Si Bruselas o, en definitiva, los socios más influyentes de la zona euro, se mostraran intransigentes, al Gobierno que soporta el PP le quedarían muy pocas bazas. En momentos de recesión económica, ni una subida del IVA ni el incremento de los impuestos especiales se traducen en un aumento de la recaudación a corto plazo.

El Ejecutivo busca apoyarse en las nuevas proyecciones económicas bajistas para modular el sacrificio. En aras de esta concesión ha acelerado la presentación de las reformas -estabilidad presupuestaria, mercado laboral, sistema financiero- y se cree merecedor de un rasgo de comprensión por parte de los socios comunitarios.

Otros cálculos

Sus tesis han recibido importantes apoyos de los expertos. El servicio de estudios de BBVA ha elaborado un informe en el que trata de demostrar que el sacrificio comprometido por España, cuya economía no creció el 1,3% previsto en 2011, sino el 0,7%, y para la que no cabe pensar en el menor avance en 2012, sino un notable retroceso -que los expertos de esta entidad estiman en una caída del 1,3% interanual del PIB- se vería cumplido con una reducción de los números rojos de las administraciones públicas hasta quedar en un déficit en torno al 5,3%. A algún miembro del Gobierno se le ha escapado la proporción del 5,5% del PIB como un objetivo asumible.

Si no hay concesiones, el ajuste a realizar pone los pelos de punta. De haberse cumplido el objetivo de déficit del 6%, hubiera bastado el anunciado recorte de 15.000 millones para alcanzarlo. Está por comprobar si la escalada de los números rojos supera el 8% del PIB -un rumor extendido en Bruselas mencionaba la posibilidad de que los datos del pasado ejercicio estuvieran inflados- pero si ese fuera el caso no quedaría más remedio que aplicar tijeretazos adicionales.

Serían necesarios unos 25.000 millones para compensar la desviación, más otros 10.000 millones por el deterioro cíclico consecuencia de la caída de la actividad. Si el PIB se reduce, los ingresos decaen por todos los conceptos (hay menor consumo, disminuye por tanto la recaudación por IVA e impuestos especiales, y las cuentas de las empresas se deterioran, con el consiguiente impacto negativo en el impuesto de Sociedades). Sin olvidar que los capítulos de gasto social continúan aumentando, y que el presupuesto de la Seguridad Social sufre una merma en sus entradas, consecuencia de la negativa trayectoria del mercado de trabajo.

Cumplir los objetivos de reducción del déficit para 2012 implica un recorte de 50.000 millones de euros, de los que casi 40.000 millones son adicionales a lo ya decidido. De ahí el fortísimo empeño del Ejecutivo en que Bruselas no se aferre a los propósitos previos.