Manuel Alejandro Dávila Ouviña, considerado como el cabecilla de la trama. :: SIMÓN BALVÍS (LA VOZ DE GALICIA)
caso bahía competitiva

El fraude echa la red en la Bahía

En tres años una trama de empresas se hace con 25 millones de fondos públicos; Los empresarios se valían de certificaciones bancarias firmadas poor el director de una sucursal del pueblo de Dávia Ouviña

SEVILLA. Actualizado: Guardar
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En la Bahía de Cádiz, los tesoros no solo yacen en el fondo del mar, en el interior de esos galeones hundidos que nunca llegaron a puerto y que son presa fácil de los cazatesoros. Tierra adentro, en una comarca deprimida hoy por la fuga de industrias, piratas de nuevo cuño, enfundados en americanas, se han apoderado de un suculento botín: 25 millones de euros de fondos públicos cayeron en las redes de un entramado de sociedades tapadera montadas por el gallego Alejandro Manuel Dávila Ouviña, junto a dos familias de empresarios, con el único fin de pescar el dinero utilizando el anzuelo de proyectos falsos que, por supuesto, jamás vieron la luz.

En este descomunal fraude hay personajes e intrigas propios de una novela policíaca. De todo ello da cuenta, con precisión detectivesca, un atestado elaborado por el grupo de blanqueo de capitales de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional. El informe de 154 páginas, al que ha tenido acceso ABC, está incorporado a la investigación del desvío de las ayudas a la reindustrialización que lleva a cabo el juzgado número 4 de Cádiz y que se ha saldado, de momento, con la detención del empresario gallego y dos personas más vinculadas a él.

¿Dónde se originó la estafa?

El expolio afecta a fondos europeos para combatir el paro y afecta a los planes Bahía Competitiva, proyecto estrella de la Junta para las elecciones autonómicas de 2008, y Reindus, programas impulsados por el Gobierno regional y el Ministerio de Industria, respectivamente, para buscar inversores con los que contrarrestar el efecto del cierre de Delphi. Tiene su epicentro en IDEA, la agencia de la administración periférica de la Junta que se ha hecho famosa por ser el punto de partida de los pagos en el fraude de los ERE.

El Consejo de Gobierno andaluz creó en 2008 una oficina dentro de este organismo, adscrito a la Consejería de Economía e Innovación, para reactivar el tejido industrial en la Bahía de Cádiz. Al frente puso a Antonio Perales Pizarro, un hombre de la confianza del expresidente andaluz Manuel Chaves y hermano del histórico dirigente socialista Alfonso Perales, ya fallecido. El cometido de Perales como gerente del plan debía limitarse a la promoción y captación de inversiones, sin poder alguno sobre la resolución de los expedientes. Sin embargo, llegó a establecer una relación «de trato personal» con Dávila Ouviña, como deja entrever el informe, e incluso tomaba parte en la tramitación de las ayudas. Documentos aportados por la gerente provincial de IDEA, Rosa Mellado, a la Policía dejan patente, a juicio de los investigadores, que incluso hizo las funciones de «recadero» de los promotores, algo «que no parece lógico», señala la Udyco.

¿Cómo se repartieron?

En el caso del Plan Bahía Competitiva, que repartió 3,64 millones a la trama montada por Ouviña, la gerencia provincial de la Agencia IDEA comprobaba de oficio los datos de los solicitantes y elaboraba informes técnicos y económicos de los expedientes de subvención. Para ello existía una comisión de valoración formada por altos cargos de la Junta e IDEA. En cuanto a Industria, que concedió 21,1 millones en préstamos a interés cero a la red fraudulenta, existía una comisión de evaluación donde tomaba parte el ente autonómico y también la Diputación de Cádiz, gobernada hasta mayo por Francisco González Cabaña. Según él mismo aclara, ésta no tenía capacidad de decisión en el reparto y se limitaba a aplicar los criterios de evaluación del Ministerio. Técnicos de la Diputación dieron la primera voz de alarma en febrero sobre el cúmulo de solicitudes pertenecientes a un mismo entramado empresarial. Sin embargo, la Udyco detectó presiones de la Junta a éstos para «beneficiarlo» incluso en 2011, cuando ya los proyectos vinculados a Ouviña en Alcalá de los Gazules «han demostrado su más absoluto fracaso y a pesar de ello siguen siendo beneficiados».

Engaño a las administraciones

Un aspecto que llama la atención de los investigadores policiales es la facilidad con la que burló los filtros de las instituciones. Para ello se valía de certificaciones bancarias que mostraban una solvencia ficticia sobre su contabilidad, firmadas, según estudios caligráficos, por el director de una sucursal de La Caixa del municipio gallego de Puebla de Caramiñal apodado Chuco. En otras ocasiones, Ouviña se parapetaba en testaferros -la Policía identificó hasta seis-, hombres de paja que colocaba en sociedades que aparentaban comprar productos a empresas suyas. La Policía ve «destacable la falta de control sobre los documentos que certifican los requisitos» y apunta a una «connivencia en el plan de responsables del Ministerio» que capitaneaba Miguel Sebastián.

Hay tres estamentos, con diferente grado de responsabilidad, en esta «organización informal» que saqueó las arcas públicas. En el escalón más alto están los empresarios Ouviña y las familias Arespacochaga y Retolaza Gaviña, a los que se acusa de un fraude en el cobro de subvenciones públicas, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales. El segundo peldaño es el que la Udyco identifica como «gestores» que mediaban en la concesión de ayudas entre los empresarios y administración a cambio de comisiones. El tercero y más peliagudo llega a los despachos de IDEA: hay cargos y empleados implicados, con Perales a la cabeza.

Cinco sociedades se hicieron con un botín de 21,1 millones del Ministerio. El rastro del dinero se ha perdido en un laberinto de empresas que operan en paraísos fiscales, como la luxemburguesa Kelos Investments Sarl, que no tenían actividad. Otras cantidades millonarias se esfumaron en fondos de inversión y operaciones especulativas. El resto fluía de unas cuentas a otras, pertenecientes a los mismos empresarios, mediante cheques y pagarés. Estas maniobras persiguen, a juicio de la Udyco, ocultar el origen del patrimonio ilícitamente adquirido mediante la adquisición de bienes u ocultación de cuentas bancarias.

¿Se recuperarán los fondos?

Es bastante improbable. Los empresarios que gestionaban sociedades que supuestamente facturaban millones no tienen patrimonio a su nombre. Así, la familia política de Ouviña escrituró más de una docena de bienes inmuebles en julio de 2011, con la investigación ya en marcha. También se detectan cambios de administradores de empresas en las que se hacía constar «la ausencia de titular real». El dinero destinado a reflotar la Bahía ha quedado enterrado en una fosa más profunda que aquellos cofres que guardan sus tesoros submarinos.