El PGOU excluye de la legalización a las viviendas de San Cristóbal

La Junta de Andalucía ha dejado el asentamiento de viviendas ilegales de la Sierra de San Cristóbal fuera de la regularización de la práctica totalidad de diseminados portuenses que supone el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Este poblado se suma así a El Barranco, El Pinar de Goig y El Carmen, que son los tres núcleos que ya desde antes del dictamen de la Junta se tenían por ilegalizables al hallarse en suelo no urbanizable. En cambio sí se ha dado cobertura a 5.250 distribuidas en 47 diseminados por clasificarse el suelo sobre el que se asientan como urbano no consolidado y urbanizable.

El informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta, que emitió su dictamen favorable sobre el PGOU el pasado miércoles, indica que la Sierra de San Cristóbal, al que se accede desde la carretera de El Portal, no se puede legalizar fundamentalmente por su lejanía con respecto a la malla urbana de la ciudad y s au falta de capacidad de conexión con las infraestructuras existentes ni propuestas.

La salida en el decreto

El propio informe de la COTUA indica que los habitantes de este asentamiento tan solo podrán agarrarse ahora al nuevo decreto de viviendas irregulares emitidido por la Junta a fin de acceder a determinados suministros -agua y electricidad- y licencias, pero esto no conlleva su legalización. El concejal de Urbanismo del Consistorio portuense, Diego Muñoz, detalló que el PGOU recogía 98.600 metros con una parcelación para 79 viviendas, ocho más que las que se encuentran actualmente. «Aún no hemos pensado de qué forma se les va a dar cobertura, porque es una zona a la que es difícil llevar los servicios, pero evidentemente no será la legalización». Pero los residentes en la Sierra de San Cristóbal que obtienen luz y agua a través de enganches a las redes, no han sido los únicos a los que la COTUA ha cortado sus expectativas de legalización. La Junta tampoco ha aceptado el plan de mejora ambiental diseñado por el Ayuntamiento para compensar a las viviendas ubicadas en torno al corredor verde. Estas son ilegalizables por hallarse en un espacio protegido que parte de las laderas de la Sierra. La negativa al plan de mejora ambiental implica que Las Manoteras, Pago Machete o partes de Winthuyssen y Los Perales no podrán acceder a los suministros básicos.

El POTBC, otra baza

El gobierno andaluz ha alegado que los planes de la administración municipal van en contra del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, que, por cierto, ha sido ya objeto de peticiones por parte de las asociaciones de afectados y de la propia área de Urbanismo para que varíe el trazado del mencionado corredor verde. De hecho este fue uno de los principales caballos de batalla de la ex concejala de Urbanismo, Patricia Ybarra, durante la anterior legislatura. Los residentes en el corredor, en buena parte pertenecientes a la asociación Coave, tendrán que esperar ahora a que el POTBC, en proceso de revisión, acceda a sus pretensiones con respecto al cambio en el corredor.