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Editorial

Acuerdo agrario

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La Eurocámara aprobó ayer un acuerdo agrícola con Marruecos que supone la práctica liberalización de la mayor parte de la huerta marroquí y un aumento en las cuotas de entrada de productos agrarios especialmente sensibles para los agricultores españoles de Andalucía, Murcia, Valencia y Canarias, que son su competencia directa. Las organizaciones de agricultores europeos han advertido en vano a los políticos del gran impacto que tendrá ese convenio sobre el sector de las frutas y hortalizas, en particular los tomates. La globalización es irreversible y el libre comercio es un objetivo indisociable de un mundo sin compartimentos estancos. La liberalización agraria favorece además a los países emergentes, que al fin pueden exportar productos del sector primario a los desarrollados, que les venden manufacturas y tecnología. Pero dicho esto, es bien sabido que en Europa existe una Política Agraria Común que planifica e interviene completamente el sector y que consume la mayor parte del presupuesto comunitario, por lo que no es muy razonable pretender conciliar este rígido proteccionismo con una liberalización irreflexiva y en un momento tan intempestivo, cuando la recesión económica ya ha postrado al campo europeo.