Los agricultores llevarán el convenio con Marruecos al Tribunal Europeo

Los productores españoles recurrirán el nuevo acuerdo agrícola con Marruecos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por las consecuencias que tendrá su aplicación, entre ellas la pérdida de empleo y el agravamiento de la crisis.

Ésa fue la primera y furibunda reacción ayer jueves del campo español después de que el Parlamento Europeo ratificara con una aplastante mayoría el acuerdo agrícola sin que el voto negativo en bloque de los eurodiputados españoles pudiera cambiar la situación. El pacto, contra el que han protestado y elevado la voz hasta el último minuto los agricultores españoles, recibió 369 votos a favor, 225 en contra y 31 abstenciones.

De esta forma, la Comisión Europea y los grandes grupos de la Eurocámara lograron ayer imponer su sí a un acuerdo que enmarcan «en el contexto del apoyo de la UE a la primavera árabe», pero que para los productores de nuestro país es un mazazo y un verdadero jarro de agua fría por el que Bruselas sacrifica «tomates» y productos hortícolas del Mediterráneo en beneficio de otros intereses.

No en vano, el convenio ratificado ayer significa la liberalización de la mayor parte de la huerta marroquí y un aumento en las cuotas de entrada de productos especialmente sensibles para los agricultores españoles de Andalucía, Murcia, Valencia y Canarias, como tomate, calabacín, pepino, ajo, fresa o clementina.

Por todo ello, la organización agraria COAG ya anunció ayer que presentará el recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE al considerar que la ratificación del acuerdo es un «duro mazazo» para el campo español, ya que hipoteca el futuro de 250.000 explotaciones hortofrutícolas y amenaza 450.000 puestos de trabajo y más de 8.500 millones de euros en exportaciones al año.

«No nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo como la UE abandona a su suerte a los productores de frutas y hortalizas españoles, facilitando la entrada sin control de productos marroquíes cultivados con sueldos de miseria, con nulas garantías sociales para los trabajadores y con la utilización de fitosanitarios para el tratamiento de plagas prohibidos hace décadas en la UE por su agresividad», afirmó el responsable de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora.

El informe jurídico que están ultimando los Servicios Técnicos de esta organización recoge la vulneración de la normativa comunitaria, en materia de derechos fundamentales de los consumidores, al tiempo que atenta contra la legalidad internacional, en lo referente a la inclusión de los territorios del Sáhara Occidental.

Por su parte, UPA consideró que la cámara europea asesta con esta decisión un «duro golpe» a los productores españoles de frutas y hortalizas, que «vuelven a ser usados como moneda de cambio y verán peligrar sus explotaciones por causa de un acuerdo injusto que perjudicará a muchos y beneficiará a unos pocos».

Por su parte, Asaja exigirá a la UE el establecimiento de compensación destinadas a paliar las pérdidas que sufrirán los productores españoles, así como el «máximo rigor y vigilancia extrema» para que las importaciones procedentes de Marruecos cumplan con todas las condiciones fijadas para acceder al mercado comunitario.

Según Asaja, se trata de un «inmerecido castigo» a las producciones españolas, que ven como anualmente este acuerdo supone pérdidas para el sector de 2.240 millones de euros (un 16% de su facturación).

Desde la patronal agraria lamentaron que hayan pesado los intereses de países europeos que podrán colocar más artículos agrícolas en Marruecos -carne o cereales- y otras manufacturas o productos financieros, y el miedo a que el país sucumba a revueltas -más aún después de la «primavera árabe»- si no se respalda el acuerdo que fomenta su desarrollo.