El 67% de las pymes que cierran lo hacen por culpa de la morosidad pública

La ingente deuda que las administraciones públicas (y en especial los ayuntamientos) acumula con los proveedores ha sido la principal causa del cierre de las pequeñas y medianas empresas (pymes) desde que comenzó la crisis. Durante los últimos cuatro años la provincia ha perdido 7.500 empresas, el 67 por ciento de ellas, o lo que es lo mismo 4.875, lo hicieron por morosidad pública, y el 33 por ciento restante (2.625) por otros problemas derivados de la pésima situación del mercado.

Las administraciones públicas deben a las pymes de la Cádiz más de mil millones de euros, una cifra que está muy por encima de otras provincias andaluzas, como por ejemplo Málaga, cuya deuda se sitúa en 500 millones de euros.

En este sentido, el presidente de la Federación Española de Autónomos, Pedro Barato, valoró positivamente la reforma laboral aprobada por el Gobierno central, porque es la primera vez que se incluyen en la ley las reivindicaciones históricas del sector, pero también precisó que estas medidas caerán en saco roto y no servirán para generar empleo si no vienen acompañadas de un recorte de la morosidad, y de nuevas medidas de financiación para el sector. Barato apuntó además a la necesidad de introducir modificaciones en el terreno de la fiscalización ajustadas a las exigencias actuales del mercado, como el retraso del pago del IVA hasta que el empresario cobre las facturas correspondientes.

Barato realizó estas declaraciones durante el encuentro que los autónomos celebraron ayer en la sede de la Confederación de Empresarios de Cádiz donde se reunieron para debatir aspectos relacionados con la reforma laboral y con la situación del mercado.

El presidente de la Federación Española de Autónomos recordó que las administraciones públicas incumplen le Ley de Morosidad, que entró en vigor en julio de 2010 y que establecía una serie de medidas para evitar situaciones de impago prolongado en las operaciones comerciales. Esta norma introducía la obligación de reducir a un máximo de 60 días los plazos de pago entre empresas y a 30 días el plazo de pago de las Administraciones Públicas a partir del 1 de enero de 2013. A día de hoy la media de pago de facturas por parte de los ayuntamientos asciende a 160 días de media. Por este motivo, Barato recordó que las instituciones no pueden seguir financiándose a costa de las pequeñas y medianas empresas. Del mismo modo, destacó que el sector tiene muchas esperanzas depositadas en la futura Ley de Emprendedores que Mariano Rajoy se comprometió a aprobar durante el primer trimestre del presente año si ganaba las elecciones.

El encuentro contó con una ponencia del catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz Villalón, que ha versado sobre la Constitución de Cádiz como germen del trabajo autónomo en España.

El presidente de la Federación Andaluza de Autónomos, Luis Miguel Escolar, recordó que la Constitución de 1812 aprobó el decreto de libertad de industria, lo que se puede considerar la génesis del trabajo emprendedor.