El Gobierno fijará el salario máximo de alcaldes y concejales

. Los alcaldes de Madrid y Barcelona cobran más de 100.000 euros al año cada uno, frente a los 78.000 euros que percibe el presidente del Gobierno. Un desnivel que se hace más patente al comprobar que los primeros ediles de localidades como Pozuelo o Las Rozas (Madrid) también superan por bastante los emolumentos del jefe del Ejecutivo. Ambos ganaron en 2011 más de 85.000 euros.

El Gobierno quiere acabar con esta disparidad de criterios y pretende «homogeneizar» la fijación de las retribuciones de los cargos electos locales y establecerá un marco de referencia de los salarios de los altos cargos. Así lo anunció ayer Mariano Rajoy, durante su respuesta a la pregunta parlamentaria que formuló la portavoz de UPyD, Rosa Díez, en la sesión de control al Gobierno. Una medida que irá recogida en la Ley de Transparencia, cuyo proyecto quiere aprobar el Ejecutivo en el primer trimestre del año, según informaron fuentes de la dirección del PP.

Rajoy, más que una primicia, lo que hizo fue constatar una propuesta que ya se incluía en el programa con el que concurrió a las pasadas elecciones generales. Para fijar el techo de salarios, el PP abogaba por tener en cuenta la dimensión de los municipios, las circunstancias socio-económicas del entorno, los recursos económicos administrados y las responsabilidades que ostenten los distintos cargos públicos.

No todos los alcaldes y concejales de España cobran por desempeñar su trabajo, sobre todo en localidades de menos de mil habitantes. De hecho, más del 60% no lo hacen, según los datos de la Federación de Española de Municipios y Provincias.

Díez, en su primera pregunta al presidente del Gobierno en esta legislatura, reclamó medidas para mejorar la calidad de la democracia en España ante la desafección que, a su juicio, sienten los ciudadanos en la actualidad. Rajoy negó la mayor y rechazó que exista un distanciamiento generalizado entre la sociedad y los cargos públicos.

«Verdad y no demagogia»

El presidente puso en valor las primeras medidas de su Ejecutivo y defendió que una norma de su gobierno va a ser «decir la verdad y no hacer demagogia».

Rosa Díez insistió en que existe «desconfianza institucional» y ha recordado que el último informe de transparencia internacional recomienda a España que aborde cuarenta y cuatro medidas para mejorar la calidad democrática, entre las que citó la adopción un pacto nacional contra la corrupción y que se modifique el sistema electoral.

La líder de UPyD retomó alguna de sus viejas reclamaciones y solicitó «medidas valientes» para mejorar la democracia de los partidos, lograr la despolitización de los órganos judiciales y del sistema financiero, y exigir responsabilidades a aquellos que hayan llevado a la quiebra a una institución pública.

Como ejemplo de que, en contra de lo que sostiene el Gobierno, la situación de la democracia debe mejorar citó el informe de 2011 sobre el índice de corrupción, que sitúa a España en el lugar 32, «un puesto y una décima» por encima de Botswana, país situado en el sur del continente africano. «No es solo economía, hay que resolver la crisis política y la institucional», acotó.