Más de 2.000 inmigrantes se quedan sin atención jurídica por falta de pago

Nunca se trató de llevar a cabo una labor asistencial del tipo tome usted ropa limpia y un plato de comida caliente, la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) realiza un trabajo de asesoramiento legal a inmigrantes, de orientación y seguimiento para regular la situación y garantizar sus derechos. Un servicio financiado por el Gobierno central que ahora se ha comido la morosidad de las propias administraciones públicas -tanto regionales como locales-. Desde regularizar papeles al control de abusos laborales o información para acceder a un empleo. El colectivo ha mantenido la ventanilla abierta durante más de doce años en la Bahía con un trabajo subvencionado por el Estado que gestionaban ayuntamientos, Diputación y Junta.

En todo este tiempo el trabajo ha sido constante y solo en la Bahía se atienden a unas 2.000 personas extranjeras que a partir de ahora pierden este derecho. La asociación ha decidido echar el cierre al servicio jurídico por la falta de pago y de recursos para seguir adelante. La deuda supera ya los 250.000 euros y «resulta imposible mantenerlo», avanzó ayer el responsable provincial de APDH, Rafael Lara, que hoy ofrecerá los datos de actividad y financiación en este último ejercicio.

«Hemos llegado al límite, saliendo cada día adelante con recursos propios, donaciones, actividades hasta el punto de no disponer de más liquidez», señaló. Algunos pagos pendientes tienen fecha de 2007 aunque el grueso de la factura se centra entre los años 2010 y 2011. Durante este último ni siquiera han llegado a recibir ingresos para la actividad.

Mantener el servicio supone un esfuerzo importante para asumir el gasto del local, las infraestructuras y, especialmente, el personal. Un total de cinco profesionales se verán afectados por esta decisión y ese será otro de los impactos que supondrá el cierre porque «han trabajado muy bien».

El portavoz provincial de Pro Derechos Humanos aclaró que ya se ha expuesto la situación a la mayoría de los alcaldes, tesoreros, delegados provinciales y demás responsables públicos, pero no ha habido una respuesta para satisfacer pagos pendientes. «Las administraciones siempre se han retrasado, pero en estos últimos dos años apenas han realizado ningún ingreso», insistió.

Lara criticó que «haya pagos pendientes desde 2007, cuando el Gobierno central ha abonado las cantidades tanto al Gobierno regional como a los locales para que se financie el servicio» y dijo sospechar que se haya desviado para otras cuestiones. Hasta ahora también habían tirado del voluntariado, pero tampoco ha permitido dar la cobertura necesaria.

Pero la actividad va más allá de lo jurídico y legal, extendiéndose al ámbito sociolaboral. La asociación ha ofrecido también clases de español gratuitas y orientación para buscar empleo. Este tipo de cuestiones se ha cubierto con voluntarios. Con esta misma vía se mantiene el servicio de asesoría legal de otra asociación que trabaja con inmigrantes, Ceain, y que mantiene una colaboración estrecha con la UCA.