El Supremo mantuvo imputado a Garzón en el 'caso de los cursos' con el delito prescrito

Solo cuatro días después de que Baltasar Garzón fuera expulsado de la carrera judicial por prevaricar en las escuchas del 'caso Gürtel', el Tribunal Supremo archivó ayer una de las dos causas pendientes, la de los 'cursos de Nueva York' celebrados entre 2005 y 2006. El magistrado instructor Manuel Marchena consideró que el delito de cohecho impropio que le imputaba, penado con multa de tres a seis meses, prescribió por 25 días, como alegó la Fiscalía del alto tribunal.

La decisión de Marchena es controvertida ya que en el auto en el que daba por concluida la investigación, fechado a 26 de enero, no hizo mención alguna a la posible caducidad del delito. Es más, en aquella resolución el magistrado acusó a Garzón, al que llamó «exitoso gestor de fondos», de recaudar 1,2 millones de dólares de empresas y bancos españoles para el patrocinio de los cursos académicos.

Además, Marchena dejó una sombra de sospechosa sobre el destino de una partida de dinero que no se pudo justificar en la instrucción y que, según el auto, pudo acabar en paraísos fiscales o en empresas de la familia de Garzón.

El magistrado del Supremo, que formó parte de la sala que inhabilitó al juez por usar métodos «totalitarios» en las escuchas de la trama 'Gürtel', alega que Garzón reclamó el último de los patrocinios, efectuado por el BBVA, a 17 de mayo de 2006, mientras que la querella presentada por la acusación popular que dio origen al procedimiento se presentó el 12 de junio de 2009, es decir, «habiendo transcurrido 3 años y 25 días desde la comisión de los hechos», cuando el límite legal son tres años. La decisión de Marchena de mantener imputado a Garzón desde el pasado 26 de enero llegó después de que este no apreciara que concurrieran los delitos inicialmente investigados, prevaricación y cohecho propio.

Resulta curioso que al imputarle cohecho impropio el instructor no se diera cuenta de que el delito había prescrito, un matiz que le recordó la semana pasada la defensa de Garzón y la Fiscalía en sus escritos de calificación en los que pidieron el archivo de la causa. Por cierto, un Ministerio Público que para entonces ya estaba dirigido por Eduardo Torres-Dulce, nombrado a propuesta del Gobierno del PP.

«Generoso» Botín

Pese a todo, Marchena recuerda en su auto que, de no haber caducado la responsabilidad penal de Garzón, este habría afrontado «consecuencias jurídicas inmediatas», que no hubieran sido otras que la apertura de juicio oral.

Marchena, exfiscal de carrera, añade duras frases contra el juez condenado: «El deber de abstención fue conscientemente infringido en gratitud por la generosa respuesta del (Banco) Santander», señala en otro párrafo dejando entrever una conducta prevaricadora de Garzón. Y es que al juez le investigaban también porque cuando se reincorporó a los juzgados tras su excedencia por los cursos archivó una querella contra el presidente del banco, Emilio Botín, cuya entidad abonó 327.000 dólares para las conferencias neoyorquinas. Algo que para el instructor del Supremo tiene un «significado jurídico incuestionable».

De hecho, el instructor afirma que Garzón «consideró oportuno ocultar al fiscal y a las partes la concurrencia de una causa que podría perturbar su imparcialidad». Señala también que, aunque el uso de un sobre con el membrete oficial de su Juzgado para hacer sus peticiones «encaja perfectamente en la metodología recaudatoria puesta en marcha» por Garzón, no basta con «esa censurable estrategia de persuasión» para poder acusarle del delito de intimidación.

Además, precisa a la acusación popular, ejercida por los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, que tampoco cabe la imputación por delitos de extorsión y asociación ilícita, como reclamaban. Los letrados tienen previsto recurrir el archivo de la causa.

Por su parte, el abogado de Garzón, Enrique Molina, se felicitó por el archivo, pero recordó que Marchena pudo haber sobreseído de oficio en lugar de esperar a que se lo pidiera alguna de las partes. En su opinión, en los dos años de instrucción se sometió a Garzón y a su familia a un «vilipendio público carente de todo fundamento jurídico». «Pero el daño ya está hecho», señaló.