La SEPI reducirá al mínimo sus filiales, consejos y consejeros

Austeridad, ajuste, integración y eficacia fueron las palabras más utilizadas por Ramón Aguirre, el nuevo presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en su toma de posesión ayer. Aguirre anunció «un ajuste importante en todas las empresas filiales» de la corporación pública y un «esfuerzo» para integrar los consejos de administración en sus matrices correspondientes, al efecto de reducir gastos y de evitar redundancias.

El responsable de SEPI -la pasada legislatura fue portavoz adjunto de Presupuestos del PP y presidente del ICO en el primer mandato de José María Aznar- avanzó las claves de su futura gestión ante la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, del que dependerá. Avanzó que el consejo de administración del holding pondrá en marcha en su primera reunión del próximo 24 de febrero el «proceso de integración» para reducir al mínimo sus filiales, consejos y consejeros.

SEPI, que arrastra una deuda de más de 3.400 millones de euros, controla una quincena de empresas tan variopintas como Navantia, Tragsa, el ente público RTVE, la agencia EFE y la minera Hunosa. Y participa en el accionariado de otras muchas, como la estratégica EADS o las energéticas Red Eléctrica Española (REE) y Enagás. Según los últimos datos publicados, a mediados del año pasado su plantilla total estaba integrada por más de 27.000 personas, la mayoría en Tragsa y Navantia.

En su primer día de mandato Ramón Aguirre quiso enviar un mensaje tranquilizador a los integrantes de esas plantillas: «Que estén cómodas, si hay que hacer algún ajuste se hará por el lado de los balances y no por el del empleo», señaló.

A continuación dejó clara su intención de revisar los contratos de los altos cargos de la corporación y suprimir las clausulas «lesivas para el erario público», como los blindajes y remuneraciones excesivas.

Aguirre aseguró que accede al cargo con «vocación de poner en valor las empresas del sector público empresarial y de que SEPI no tenga tensiones financieras». Para ello impulsará «todas las operaciones de austeridad y ajuste necesarias».

Nombramientos

En su reunión del 24 de febrero, el consejo de administración abordará también los nombramientos de los nuevos presidentes de las empresas públicas. Sobre la posibilidad de llevar a cabo privatizaciones, Aguirre detalló que SEPI tiene «suspendidas» en este momento las autorizaciones que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para la venta de sus participaciones en las cotizadas REE, IAG (fruto de la fusión entre Iberia y British Airways) y Ebro Foods. «No es nuestra intención abordar esas desinversiones», aseguró. Respecto de REE, Aguirre explicó que el relevo de Luis Atienza en la presidencia deberá de ser aprobado por la junta de accionistas. Su salida, enfatizó, será un «reflejo espejo» de la operación que permitió a Atienza (que fue ministro socialista) sustituir en el cargo a Pedro Mielgo (designado por un Gabinete de Aznar).

La declaración de intenciones del presidente contrastó con el discurso de su inmediato superior, Cristóbal Montoro, quien anunció más privatizaciones. «Seguiremos practicando esa política de privatizaciones que fue clave en los desarrollos económicos anteriores de España y también para promover el ingreso en el euro», afirmó en su intervención en el acto.

La política del Ejecutivo hacia las empresas públicas, estimó, «debe ser un instrumento para salir cuanto antes de la crisis y frenar la destrucción de empleo».

Por su parte, Soraya Sáenz de Santamaría animó a Aguirre -de quien destacó su rigor, capacidad de trabajo y afán modernizador- a «ver cuál es el volumen del sector público que puede permitirse el Estado».