Los sindicatos reclaman que se abra una negociación sobre la reforma laboral

Los cambios que la reforma laboral ya en vigor pueda experimentar los decidirá el consenso de los políticos en el Parlamento. Pero podrían reflejar las propuestas de los representantes de los trabajadores y de los empresarios, si en el encuentro que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, mantendrá hoy con las patronales y los sindicatos mayoritarios, por la mañana, y con las agrupaciones de autónomos, por la tarde, se reabre una vía negociación, cerrada en el último mes. La cita es, en principio, informativa, si bien portavoces oficiales del PP han instado a «tomársela en serio». La ministra, que ha invitado a los interlocutores sociales a «superar esta crisis juntos», se ha mostrado «dispuesta a mejorar el texto con sus aportaciones», según declara en una entrevista al diario ABC.

Los secretarios generales de CC OO y UGT insisten en que se tienen que negociar aspectos básicos del proyecto de ley. Aseguran que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene en su mano evitar la realización de una huelga general de protesta. Pero el pulso tiene más partícipes. Los empresarios, la tercera pata del diálogo social, han expresado su satisfaccion con la reforma. CEOE y Cepyme creen que es «un paso hacia adelante en el proceso que pretende llevar a la salida de la crisis y a la recuperación económica, y un instrumento que facilitará la creación de empleo». Cualquier cambio que pudiera introducirse tendrá que contar con ellos. El presidente Juan Rosell se ha mostrado dispuesto a utilizar el trámite parlamentario, y ha querido tranquilizar a los sindicatos: la patronal respetará los términos del pacto sobre negociación colectiva.

Las centrales sindicales ponen todo su empeño en no adelantar acontecimientos. Ayer, en una entrevista difundida por la cadena SER, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez admitieron que durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley «caben mejoras» desde el punto de vista de los trabajadores. Pero no se les oculta que incluso puede producirse «un empeoramiento». Si el PP, pese a que tiene la mayoría para sacar el proyecto de ley adelante, busca alianzas con otras fuerzas políticas y se endurece el tratamiento de las relaciones laborales, «será la ciudadanía la que nos marque el camino», declararon los sindicalistas.

«Oír a la calle» es, en opinión de los líderes de las centrales, lo que importa ahora, y el primer termómetro que permitirá medir el rechazo o la aceptación de los cambios será la movilización del domingo 19 de febrero. Hasta entonces, consideran «imprescindible» la tarea de «hacer pedagogía» y explicar los puntos cruciales de la reforma «dentro y fuera de los centros de trabajo».

Silencio sindical

Desde el PP, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, pidió ayer «responsabilidad» a los sindicatos y les instó a no convocar protestas contra una iniciativa que, a su entender, «va a incentivar la contratación».

Cospedal afirmó en Toledo que «nadie entiende que (los sindicatos) hayan estado callados durante siete años (las dos legislaturas socialistas) viendo cómo se iba incrementando el número de parados en nuestro país hasta pasar de los cinco millones, y que hoy protesten porque sean los trabajadores y el empresario de un comercio o negocio los que puedan decidir cómo pueden salvar su futuro en vez de cerrar una empresa».

La dirigente popular pasó por alto la huelga general que las centrales sindicales lanzaron contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el 29 de septiembre de 2010, meses después de que Bruselas impusiera al Ejecutivo español, en el Consejo de Ministros de la UE del 9 de mayo de aquel mismo año, el primer tijeretazo.

En opinión de la número dos del PP, las centrales sindicales se mueven por el miedo a perder capacidad de influencia, como sucederá con la aplicación de la nueva norma. «Por mucho que griten algunos y por muchas pancartas que veamos en la calle son muchos más los que quieren que trabajemos para crear puestos de trabajo y es lo que vamos a hacer», zanjó.

De Cospedal acusó a quienes han criticado la reforma laboral de «simplificar» sus mensajes y negó que el Gobierno de Rajoy pretenda abaratar el despido. Decir eso «es demagógico, injusto y una mentira», subrayó Cospedal, que calificó al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de «cínico sin límites» por oponerse a esta reforma. «El Gobierno ha tenido que tomar estas medidas por la pésima gestión que hizo el Gobierno del PSOE con una parte muy importante de responsabilidad del señor Pérez Rubalcaba y criticar al Gobierno de Rajoy por tomar estas medidas es insultar a la inteligencia de los españoles», declaró.

Rubalcaba, por su parte, se reunirá hoy con Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, y se ha citado el jueves con el presidente de CEOE, Joan Rosell, con el fin de conocer la opinión de los agentes sociales sobre el decreto ley y las consecuencias que puede acarrear para el mercado de trabajo.