Los sindicatos llaman a salir a la calle contra el «efecto letal» de la reformaLas protestas se cruzarán con las elecciones asturianas y andaluzas

La respuesta inicial de los sindicatos a la drástica reforma laboral aprobada por el Gobierno no ha sido un llamamiento a la huelga general, sino la convocatoria de una movilización masiva el día 19 de febrero para exigir que se modifique. En la primera reacción oficial a los cambios del mercado de trabajo que el Ejecutivo ha impuesto por real decreto, los dirigentes Ignacio Fernández Toxo, de CC OO, y Cándido Méndez, de UGT, promovieron esta iniciativa, tras juzgar con extraordinaria dureza un texto que, en su opinión, va a aumentar el paro a corto plazo, al tiempo que dinamita los derechos de los trabajadores y destruye el tejido productivo de cara a la salida de la crisis.

Las centrales rechazan de plano la reforma, pero son conscientes de que la sociedad, muy preocupada por la escalada del paro, aún se aferra a la confianza de que cualquier modificación pueda implicar una mejora, por mínima que sea. Por eso han optado por escalonar su respuesta: «La fecha de una huelga no nos la va a marcar el presidente del Gobierno», apuntaron al unísono Méndez y Toxo. Y están dispuestos a negociar con la ministra de Empleo, que les ha convocado mañana, día 13, de manera que en la tramitación parlamentaria de la norma se eliminen los puntos más negativos. «Vamos a dar al Gobierno la oportunidad de abrir un proceso de negociación», anunció el secretario general de CC OO.

Por eso las centrales convocan movilizaciones contra una reforma que consideran «de efecto letal» sobre el mercado de trabajo, y lo hacen con el objetivo «no de sacar gente a la calle, sino de modificar sus contenidos». «El grado de receptividad del Ejecutivo -con mayoría en el Congreso para introducir los cambios- y la evolución de los acontecimientos, determinarán ulteriores actuaciones», dijeron los sindicalistas.

Para que las protestas tengan éxito, se intentará que los ciudadanos tomen conciencia de la nueva realidad. La profundidad de la crisis atemoriza a las personas y anestesia conciencias, y el padre de familia, ejemplificó Méndez, debe saber que ahora le podrán despedir con una indemnización ridícula, pero que eso no llevará como contrapartida que su hijo vaya a abandonar la cola del desempleo porque los empresarios se disputen su contratación. Como mucho, conseguirá un empleo precario y aún más desprotegido, porque la «radical» reforma impuesta por decreto no solo pone el foco en el despido libre, sino que supone un «enorme atropello» a los derechos adquiridos, y no incentiva en absoluto la contratación, aseveró.

La primera fase de la respuesta sindical consistirá en explicar el impacto de los cambios. La próxima semana se convocarán asambleas en los centros de trabajo, así como encuentros con los parados y con los jóvenes, y todos ellos culminarán en la convocatoria a los ciudadanos para salir a la calle, a clamar contra el recorte de derechos el próximo domingo. En segunda instancia, la movilización coincidirá con el llamamiento de la Confederación Europea de Sindicatos a manifestarse contra los ajustes, en la jornada colectiva de protesta del 29 de febrero.

«Economía vigilada»

Los dirigentes denunciaron que la reforma laboral ha venido impuesta por la troika, integrada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, con la colaboración de Fedea, foro de análisis y debate promovido por el Banco de España, a la que calificaron de «fundación de los bancos». De las diez propuestas para una reforma laboral que enunciaron los expertos de Fedea, evocaron, solo se ha quedado fuera el contrato único. «Como si fuéramos Portugal, que es un país intervenido», los dirigentes españoles han renunciado a la autonomía y aceptado un régimen de «economía vigilada».

Detrás de la contundente actuación del Gobierno cabe intuir, sugirieron los sindicalistas, un mensaje lanzado a Europa de cara a la necesaria flexibilización del cumplimiento del déficit. Si Rajoy habló de medidas que le iban a provocar una huelga general como respuesta, y el ministro de Economía se refirió a una «agresiva», es decir «provocadora», reforma laboral, sin duda estaban vendiendo la mercancía de unos sacrificios fuera de lo común.

Algunos de los puntos del real decreto pueden ser denunciados por inconstitucionales, porque consagran la desigualdar de trato a personas en idéntica situación, dijo Méndez, quien alertó, además, de que la paulatina desaparición de las clases medias puede ser una de las indeseadas consecuencias de la aplicación de la reforma.

La movilización sindical arranca dentro de siete días, pero la tramitación parlamentaria de la ley de reforma laboral llevará como mínimo un periodo de dos a tres meses, y todo apunta a que simultáneamente se desarrollarán negociaciones para eventuales cambios en la nueva norma. La presión en la calle, si se mantiene, o la convocatoria de una huelga general, si la falta de entendimiento persiste, se cruzarán con las elecciones andaluzas y asturianas del 25 de marzo. Y días después se conocerá el ajuste de los Presupuestos del Estado para 2012.