Crónica de una muerte anunciada

El consenso social en que se basa la democracia tiene en el concepto e institución de la Justicia uno de sus pilares esenciales. Los ciudadanos creen en la existencia de la justicia y, aunque conozcan casos donde este principio moral se haya visto burlado o defraudado, no por ello pierden su fe y aspiración a un Estado justo. En nuestro país, a pesar de que la democracia no supuso la renovación de los jueces que habían aplicado mayoritariamente, sin demasiados remilgos, la legislación franquista, el mantra que estableció el consenso constitucional devolvió la dignidad a éste y otros cuerpos implicados y/o cómplices del régimen anterior. Y con ella, la aceptación por la ciudadanía de los jueces y la Justicia como fundamentos del recuperado Estado de Derecho.

Lo recuerdo con pena, porque es éste el sentimiento que me ha dejado la anunciada sentencia contra el juez Garzón a propósito de la instrucción del Caso Gürtel por corrupción y posible financiación ilegal. Da pena y vergüenza ver cómo los poderosos jueces expulsan de la carrera judicial al hombre que más les ha dignificado frente a la opinión pública nacional e internacional. Una opinión que, como revela una encuesta de urgencia realizada por Metroscopia, ha empeorado peligrosamente a raíz de esta sentencia, que aunque no quede más remedio que acatar, no es compartida por la ciudadanía.

Si un juez no le puede poner micrófonos a unos abogados de quienes tiene constancia que están recibiendo instrucciones para manejar los dineros cobrados en comisiones ilegales y depositados en paraísos fiscales, se acabó con las ya de por sí escasas posibilidades de perseguir el delito de narcotraficantes o corruptores de políticos. ¡Y lo hacen en nombre de las garantías del Estado de Derecho!

Es clarificador constatar cómo la derecha judicial, política y mediática utiliza a la extrema derecha para ajustarle las cuentas a un juez de origen humilde que se ha atrevido a perseguir a los genocidas y a los corruptos de la política y les ha robado a los jueces de toda la vida el protagonismo mediático con sus causas acogidas a la justicia universal. Para algunos de ellos, lo imperdonable ha sido su atrevimiento al intentar devolver la dignidad y la paz de los cementerios a las víctimas del franquismo.

Produce escalofrío la unanimidad de unos jueces que anteponen la letra al espíritu de la ley y que, a pesar de la evidencia de estar siendo utilizados, no valoran a la hora de juzgar lo que la ley pretende, que es lo que le da sentido: la justicia. Todos sabemos que la sentencia supone el mundo al revés, que los hombres buenos, como Garzón, sean castigados (por prevaricación, el mayor descrédito para un juez) y tengan que pagar el juicio a los corruptos de la Gürtel y sus carísimos abogados.

Si sumamos a esto el que los tribunales absolvieron al político que no pagaba ni los trajes que lucía y que el CPJ investiga al juez que pretende juzgar a Urgandarín, entenderemos que la ciudadanía esté perdiendo también la fe en la justicia, como sucede con los políticos.

Lo peor de todo es cómo explicarlo en las aulas o a los hijos.